Habrá que ver la letra pequeña, y con lupa. Así reaccionan ya las inmobiliarias al último de los planes de Pedro Sánchez para tratar de paliar la crisis de la vivienda: volver a potenciar el alquiler con acceso a compra en vivienda protegida a través de ayudas de 30.000 euros para jóvenes. 

Una idea lanzada por Sánchez por sorpresa en el Congreso y que ha vuelto a pillar desprevenido a un sector que, en todo caso, está ya en guardia porque considera que lo poco que se conoce de esta medida solo arroja dudas.

¿Por qué? Porque, exponen desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), esos 30.000 euros pueden ser ayuda o condena en función de cuál sea su destino concreto.

Aquí está la clave del asunto. Moncloa, que apenas ha dado pinceladas para ampliar el anuncio de Sánchez, sostiene que la ayuda se destinará a menores de 35 años para el pago de la renta del alquiler antes de la compra de la vivienda, que serán descontadas del futuro precio de la compraventa.

"Es decir, el precio abonado por las rentas del alquiler supone el pago por adelantado de la futura compraventa; y la ayuda estará destinada al pago del alquiler, lo que permitirá a la persona joven ahorrar para adquirir la vivienda en propiedad".

Este enunciado, responde el presidente de la FAI, José María Alfaro, es "un error de manual".

"Dinero público a fondo perdido"

"Si como Estado pagas hasta 30.000 euros de renta para que los jóvenes generen ahorro es muy desacertado. ¿Qué garantías hay de que se genere el ahorro, o de que el eventual comprador tenga solvencia al final del periodo?", pregunta Alfaro.

Para el portavoz de las asociaciones inmobiliarias, tal y como se plantea la medida es "dinero público a fondo perdido" de escasa eficacia porque no incluye ninguna garantía para el promotor de que finalmente la transacción vaya a llevarse a término.

El diablo está en los detalles. Otro gallo cantaría, apunta, si se aplica siguiendo el modelo tradicional, que asegura ha tenido mucho éxito: es un porcentaje del alquiler que paga el inquilino cada mes lo que se descuenta del valor de la compra de la vivienda cuando ésta se acomete. Habría que pensar ademas, agrega, en que el Estado avale a los promotores.

"Si no, ¿quién se va a meter en ese jardín teniendo en cuenta además que se trata de una vivienda con rentabilidad limitada?", lanza, dado que al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente, su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor.

Por eso remarca que habrá que esperar para conocer la letra pequeña, porque el sector está en alerta. "Los promotores están escaldados. No le vas a meter un gol por la escuadra a estas alturas", subraya.

Sobre esta cuestión insiste también Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. El alquiler con opción a compra tuvo su era dorada especialmente tras el estallido de la burbuja, cuando se alzó como la solución intermedia de los promotores para no seguir perdiendo dinero ante un stock de vivienda que no conseguían vender.

Con esta fórmula al menos recibían mensualidades de alquiler con el compromiso de, eventualmente, dar salida al activo. Pero ahora las circunstancias son completamente diferentes. "El mercado está saturado porque todo el mundo quiere comprar y no hay oferta", señala Salcedo.

"¿A qué promotor le va a interesar conceder una opción de compra sabiendo que el alquiler está tasado, no podrá subirlo y tendrá que deducir del precio de venta esa parte de la operación?", se pregunta, sobre todo en un contexto en el que los precios de la vivienda, según el consenso del sector, seguirán subiendo en los próximos años por escasez de oferta.

Seguramente acabarían vendiendo muy por debajo del precio de mercado. Este experto también nota que se desconoce por ahora el plazo que se establecerá en este nuevo plan para acometer la compra. "Si resultan ser diez años, ¿a quién le va a interesar?", reflexiona.