La compañía especializada en gestión de arrendamientos Alquiler Seguro ha presentado esta mañana su primer estudio comparativo de las Leyes de Vivienda española y portuguesa, en el que concluye que ambos textos presentan una importante connotación "cortoplacista y populista". 

"Estas leyes van en contra de la clase media, de los propietarios particulares e inquilinos a los que se les restringe el acceso a la vivienda. Tienen un mensaje populista y cortoplacista, no hay medidas que fomenten la oferta, cada vez cuesta más acceder al alquiler residencial", explica el documento. 

Ambos textos, incide la empresa, tienen un "marcado carácter intervencionista", principalmente, añade, en el "control y actualización de rentas" En Portugal la actualización de rentas se lleva a cabo mediante un coeficiente que indica el Gobierno. En el caso de España, para el año 2023 los particulares pueden pactar una subida de hasta el 2%, igual que en 2024 podrán hacerlo hasta el 3%. Para 2025 aún debe crearse un índice. 

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"Con un gobierno que cambia de opinión cada 15 días es complicado saber que ocurrirá durante esta legislatura. Lo único seguro es que vamos a seguir experimentando una elevada incertidumbre que aparta a los inversores de este mercado", señala Antonio Carroza, presidente de Alquiler seguro. 

En el acto también estuvo presente Francisco Reganha, director general Aluga Seguro, matriz de la empresa en Portugal. Reganha, al igual que Carroza, incidió en que las consecuencias derivadas de la aplicación de la mais habitaçao han "expulsado a los inversores del mercado" creando un clima de "inseguridad" muy similar al de España. 

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"En general los problemas que tenemos en nuestros dos países son los mismos que vemos en todas las capitales europeas. Cada vez que se toman estas medidas intervencionistas lo que vemos es que la oferta disminuye y el precio sube. Lo que no podemos es seguir aplicando las mismas medidas que no funcionan en ningún lado", aseguró. 

El director general de Aluga Seguro también ha incidido en que, a consecuencia de esta ley, además de haberse frenado la inversión extranjera, han aumentado prácticas como la celebración de contratos de arrendamiento clandestinos o la evasión fiscal. 

"Como los gobiernos no se han ocupado de articular una política social de vivienda en alquiler ahora trasladan su responsabilidad al propietario particular y al mercado, con soluciones que no llegan al problema, la falta de oferta", señala el estudio.