El fallo del Constitucional alemán sobre la limitación de los alquileres en Berlín ha llevado a que los socios del Gobierno español esperan a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley catalana del alquiler antes de presentar el anteproyecto definitivo de la Ley Estatal de Vivienda.

El Alto Tribunal alemán ha declarado que el estado de Berlín no tiene la autoridad para promulgar la ley, ya que el gobierno federal es el responsable de este tipo de decisiones.

Por este motivo, tanto PSOE como Unidas Podemos parecen haber ralentizado las negociaciones para saber si sale adelante o no el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley catalana del alquiler.

De momento, el Constitional lo admitió a trámite porque la normativa limita el derecho de propiedad y prevé medidas "coactivas, no voluntarias", para los dueños de pisos que no pueden imponerse mediante un decreto ley.

En concreto, el pleno del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad inconstitucionales y nulos los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (inciso “sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42.6”), 2.12, 4.2, 4.5 (inciso “y del apartado 2 de la disposición adicional primera”), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 y la disposición transitoria primera del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Según el consejero delegado de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, "si el tribunal dijo eso de los otros artículos probablemente diga lo mismo de estos." "Es muy probable que en el nuevo pronunciamiento el TC diga que es nulo y hable del derecho de indemnización que puedan tener aquellas personas que se han visto perjudicadas", asegura a Efe el jurista.

En el otro lado de la barrera, desde el Sindicato de Inquilinos, su portavoz Fernando Barneda hace hincapié en que la sentencia alemana "no dice nada de que sea inconstitucional la propia ley, ni que haya atentado a la propiedad ni que sea ineficiente ni nada por el estilo". Eso sí, reconoce que en España el procedimiento adecuado también es una ley estatal, pero sostiene que en Cataluña, "al tener un Código Civil propio, sí que hay una competencia autonómica para implantar esto".

Indemnizaciones y menos oferta

La primera consecuencia del fallo de Constitucional alemán ha sido que obliga a miles de inquilinos de Berlín a devolver las cantidades descontadas durante el aproximadamente un año que estuvo en vigor el límite de precios, ya que en los contratos firmados se advertía de ello.

Esto no podría ocurrir en Cataluña, porque no está previsto en los contratos, pero lo que sí podría pasar es que los propietarios reclamaran indemnizaciones económicas a la Generalitat por las cantidades que han dejado de percibir.

Por otro lado, según datos del Instuto Ifo alemán, en el año y medio que lleva la

medida en vigor en Berlín, la oferta de inmuebles en alquiler se ha

reducido un 40%.

En apenas medio año desde que el Parlamento catalán aprobara la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament, en una comparativa entre Barcelona y Madrid, la ciudad catalana ha visto reducir la oferta de pisos en alquiler de manera significativa (-10,2%) desde septiembre, mientras que en Madrid el stock se ha incrementado en un 1,7%, según los datos de los anuncios publicados en Idealista.

La ley, en otoño

En ese contexto todo apunta a que no habrá anteproyecto de ley estatal hasta que hable el TC, aunque desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se haya deslizado que el borrador definitivo estará antes del verano.

En el sector creen que los socialistas están ganando tiempo para que se pronuncie el tribunal y van cogiendo peso los que consideran que hasta otoño no entrará el anteproyecto en el Consejo de Ministros.

"Están ganando tiempo porque saben que si aprueban la intervención de los precios puede ser tumbada y eso les puede afectar y les puede dejar muy mal", apunta una fuente del mercado.

Desde la órbita de Unidas Podemos advierten de que a los socialistas "les puede salir el tiro por la culata si el TC avala la ley catalana" y ya dan por hecho que la ley no se aprobará en el Congreso antes de final de año.

Como ya pasó hace dos meses con las elecciones en Cataluña, la campaña del 4M (comicios del 4 de mayo) en la Comunidad de Madrid ha vuelto a paralizar las negociaciones entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aunque a estas alturas se da por hecho que habrá acuerdo aunque sea "light".

Fuentes cercanas a Belarra señalan que ésta ve a sus socios de gobierno "comprometidos" con sacar adelante la ley y que no cree "que ahora se vayan a echar atrás". En esa línea indican que lo mejor sería "pasarle el balón a las comunidades autónomas".

Esto supondría facultar a las comunidades y ayuntamientos a limitar las rentas en las zonas tensionadas, lo que serviría de "paraguas" a la regulación catalana.

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