El anteproyecto de la nueva Ley estatal de Vivienda está previsto que llegue al Consejo de Ministros el mes que viene. Mientras los socios del Gobierno discuten su redacción final, altos funcionarios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) suman reuniones y conversaciones con responsables del sector inmobiliario para intentar lanzar un mensaje de tranquilidad a los propietarios de viviendas en alquiler.

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La regulación de los precios del alquiler no es negociable, se trata de un compromiso de Gobierno ineludible. “El control de precios va a estar sí o sí”, confirman fuentes del sector consultadas por Invertia. Ahora bien, desde el Ministerio se afanan en dejar claro que se mantendrá la seguridad jurídica para los propietarios, ya sean pequeños o grandes tenedores.

Con buenas palabras y en un ambiente de total cordialidad, desde el Mitma han recogido todas las preocupaciones del sector. “Otra cosa es el caso que nos vayan a hacer”, reconocen otras fuentes atendidas por este medio. La redacción del texto está en manos de los equipos más cercanos de Pablo Iglesias y José Luis Ábalos, y los técnicos del Gobierno tendrán que acatar las decisiones y articular los textos legales para su cumplimiento.

Pablo Iglesias y José Luis Ábalos, en la sala de prensa de Moncloa. ADP

El sector, en esta interlocución, mantiene que su mayor interés es proteger tanto a los propietarios como a los inquilinos para que haya un mercado de alquiler lo más sano, transparente y eficaz posible. Ante la falta de un parque de vivienda pública (estamos a la cola de Europa), los profesionales demandan del Gobierno fórmulas que no penalicen al sector privado y que den un mayor acceso a la vivienda.

De la misma manera, otro mensaje que subrayan desde el Mitma es que la nueva Ley de la Vivienda será un marco bajo el cual las comunidades autónomas, las que realmente tienen las competencias en este ámbito, terminarán aplicando las medidas. Se trata de un mensaje reiterado desde el año pasado por el ministro José Luis Ábalos. La regulación es una herramienta para que regiones y ayuntamientos la utilicen si lo consideran necesario, ha transmitido. El problema reside en el uso político de ella y las graves consecuencias que puede tener, tal y como denuncian expertos y profesionales.

Por ejemplo, el Consejo de Garantías Estatutarias ya dictaminó que algunos artículos de la ley para regular el alquiler, aprobada por el Gobierno de la Generalitat en 2020, incumplen la Constitución y el propio Estatut. Esta nueva Ley de Vivienda va a cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que ahora sí permitirá articular mecanismos para intervenir el mercado del alquiler.

Instrumento básico

Fuentes gubernamentales señalan a Invertia que la futura Ley de Vivienda “será un instrumento básico de la nueva política del Ministerio”. “El derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada demanda la aprobación por parte del Estado de una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio en todo el territorio”, afirman.

En este sentido, inciden desde el Mitma, esta nueva regulación estatal resulta “imprescindible para afrontar retos de la vivienda como el fortalecimiento de unos parques públicos estables, el blindaje de su función social, o el refuerzo de la transparencia y la información como garantías básicas del ejercicio del derecho”.

Pese a que la regulación del precio del alquiler llegará el mes que viene, para eso sacaron el año pasado el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, aún no ha trascendido cómo lo hará el Ministerio. Tanto el ministro como altos funcionarios ha declarado en los últimos meses que querían ver la evolución de la pandemia y su impacto en este mercado, pero las prisas llegan desde Unidas Podemos.

Novedades poco halagüeñas

Las últimas medidas aprobadas no han hecho sino aumentar aún más el miedo de los profesionales sobre la visión de la vivienda y la propiedad privada que muestra el Ejecutivo, presionado por el socio morado de la coalición.

Esta semana ha prorrogado los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda hasta el final del estado de alarma (9 de mayo). Seis días antes había limitado por sorpresa los desahucios a aquellos casos en los que la entrada a la vivienda se hiciera con violencia o intimidación, aunque sea delito.

A falta de pocos días para que finalice el primer mes de este año, la Ley estatal de la Vivienda se cocina en los despachos de PSOE y Unidas Podemos a fuego rápido, mientras el sector reza para que no queme el mercado del alquiler.