El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para oficializar la subida de las pensiones contributivas del 0,9% y del 1,8% en el caso de las no contributivas, que ya se ha aplicado las prestaciones que se han pagado en enero.

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La subida está registrada dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, aunque será la última vez que se tenga que aplicar. Según ha indicado José Luis Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la reforma de las pensiones que prepara su Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incluirá la revalorización automática de estas prestaciones. 

La subida de las pensiones supondrá incrementar su coste en 1.261 millones en el caso de las contributivas, 147 millones en clases pasivas y 46 millones por las no contributivas. 

Según indican fuentes de Seguridad Social, esta medida es un trámite necesario para que la subida de las pensiones se pueda aplicar.

El real decreto incluye además que las personas que perdieron su empleo durante la crisis financiera (antes del 1 de enero de 2013) y no han podido volver a la vida laboral, se les aplicará la normativa de pensiones previa a la reforma de 2011.

Prórroga en alquileres

El Gobierno ha aprobado también dentro del decreto ley sobre los ERTE la ampliación de la prórroga de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda hasta el final del estado de alarma (9 de mayo), tal y como avanzó este medio ayer.

En concreto, se extienden hasta esta fecha los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda “en los mismos términos y en las mismas condiciones que tuvieran en el contrato en vigor”. Esta medida llega un mes después de que el Gobierno sacara adelante la prohibición de los desahucios hasta el 9 de mayo.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que con la prórroga de esta medida, vigente desde marzo de 2020, pretenden “proteger a todas las personas que pueden tener más dificultades, a los colectivos de la sociedad que pueden ser más vulnerables”.

Estas medidas “de carácter urgente” tienen como objetivo respuesta a la situación de vulnerabilidad sobre todo en aquellos hogares que tienen mayores dificultades y en este contexto de evolución de la pandemia. En este sentido, María Jesús Montero ha recordado que el Gobierno mantiene su máxima de que “nadie se quede atrás” y que “aquellos que necesiten ayuda la puedan obtener del conjunto de poderes públicos”.