Fernando Cano Alberto D. Prieto

El Gobierno ha llegado a un acuerdo para prorrogar los contratos de alquiler y aplazar y reestructurar la deuda para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda. Según fuentes del Ejecutivo, estas dos medidas se aprobarán en el Consejo de Ministros de este martes y tendrán vigencia hasta el fin del estado de alarma, el 9 de mayo.

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Después de semanas de intensas negociaciones de Unidas Podemos con el PSOE, también se ha llegado a un acuerdo para aprobar próximamente las prórrogas hasta el fin del estado de alarma de las moratorias hipotecarias y los préstamos al consumo.

Fuentes de Unidas Podemos ha mostrado su satisfacción por la próxima aprobación, tras semanas de intensos debates entre UP y el PSOE, de la prórroga hasta el mes de mayo de las principales medidas del denominado 'Escudo Social' cuyo plazo acababa el próximo 31 de enero.

En concreto, en el Consejo de Ministros de mañana martes se dará luz verde tanto a la prórroga de los contratos de alquiler que expiren en este periodo como a las reestructuraciones o aplazamientos de deuda cuando el arrendador sea un gran tenedor de vivienda o entidad pública.

Por su parte, la moratoria hipotecaria y los préstamos al consumo se aprobarán también próximamente en Consejo de Ministros. Todas estas medidas se ampliarán hasta el 9 mayo, al igual que se logró con la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a familias vulnerables.

Medidas aprobadas

El pasado 21 de diciembre, el Gobierno llegó a un acuerdo para prohibir los desahucios y el corte de suministros hasta el fin del estado de alarma, el 9 de mayo. Se suspendieron durante el estado de alarma los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler.

También se suspendieron los desahucios de las familias vulnerables con menores y dependientes y víctimas de violencias machistas, que residan en viviendas de grandes tenedores de vivienda, aunque no tengan título habilitante. Es decir, núcleos de convivencia okupa en situación vulnerable.

En todos los casos, los servicios sociales de las Comunidades Autónomas tendrán que ofrecer una alternativa habitacional que sea una vivienda digna antes del fin de la suspensión. Las compensaciones económicas para los propietarios deberán esperar al menos tres meses desde que se paralice el desahucio.

Sólo entonces, a partir de los tres meses de la emisión del informe de vulnerabilidad por los servicios sociales, si no se hubiese facilitado una alternativa habitacional, se compensará a los arrendadores desde el momento en el que se acordara la suspensión. Esto, en el caso de grandes tenedores, sólo se aplicará si la vivienda se encontraba en venta o arrendamiento antes de la entrada del inmueble, y estos pueden justificar "perjuicio económico". Si no, no recibirán compensación.

Por otro lado, se prohibieron durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural; para consumidores "vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social".

Cortes de suministro

Igualmente, aplicará no sólo a los titulares del contrato, sino a aquéllas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo acreditar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales (entidades del Tercer Sector).

Precisamente en su intervención virtual de este lunes en el Foro de Davos, el presidente Pedro Sánchez ha expuesto a los ponentes las claves de este "Escudo Social" para hacer frente "a los momentos más duros de la pandemia".

El presidente ha destacado cuatro puntos. El primero, el acuerdo de los ERTE -que según ha recordado, en el peor momento de la pandemia llegaron a tener bajo su paraguas a 3,6 millones de trabajadores y a finales de 2020 todavía mantenían 750.000 empleos hibernados-.

Los dos siguientes, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el teletrabajo para dar flexibililidad a empresas y trabajadores para afrontar esta crisis sanitaria y económica. Y por último, ha destacado la financiación concedida con los ICO que ha llegado a 6.000 empresas.