El acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para aprobar en el próximo Consejo de Ministros un real decreto ley para prohibir los desahucios hasta el final del estado de alarma dejará un hondo agujero en los bolsillos de los propietarios de viviendas en alquiler.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha calculado que va a provocar pérdidas totales superiores a 9.000 euros a cada arrendador de vivienda que desde que se iniciara el estado de alarma ya viniera sufriendo impagos de rentas. Ha llegado a esta cifra después de tomar los datos de lanzamientos por impago de alquiler que ofrece regularmente el Consejo General del Poder Judicial y la renta media de alquiler en España.

Para José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, el cálculo económico es muy sencillo y la cifra puede ser aún mayor. “Desde la primera suspensión de los lanzamientos, por la publicación del  R.D del 31 de marzo, hasta la última prórroga, que previsiblemente será aprobada antes de fin de año, y durará hasta la finalización del Estado de alarma prevista para el 9 de mayo de 2021, van a pasar 14 meses, donde muchos propietarios no han cobrado todavía sus rentas, y tomando el precio medio del alquiler en España (674 euros), la morosidad media llegaría a los 9.436 euros por propietario”, ha señalado.

Sin embargo, el director general de ANA lamenta que la situación puede ser todavía "más dramática", ya que "cuando el propietario vaya finalmente a recuperar la vivienda se puede encontrar con desperfectos y en algunos casos con impago de suministros, que pueden tranquilamente duplicar esa cantidad de impago anteriormente señalada".

José Ramón Zurdo admite que "nos parece muy acertado y necesario que el Gobierno quiera proteger a los inquilinos y familias vulnerables, pero desde luego con los créditos ICO no lo han conseguido, dejando finalmente desamparados a unos y a otros". 

Morosidad de 132 millones

La segunda gran conclusión a la que ha llegado la Agencia Negociadora del Alquiler es que la morosidad media en el mercado del alquiler llegará a la cifra de 132.689.032 euros.

Esta es la estimación media de la morosidad en 2020, por los lanzamientos por no pagar el alquiler, que no se han llevado a cabo por las prohibiciones decretadas. Hasta el tercer trimestre de 2019 hubo un total de 27.157 lanzamientos por desahucios por no pagar el alquiler.

En el mismo período de 2020, se han producido 13.095 lanzamientos. Si se restan de la cifra total del año pasado, significa que por las medidas adoptadas por el Gobierno en el mejor de los casos, durante los estados de alarma se han dejado en suspenso hasta el tercer trimestre de 2020, inclusive, 14.062 lanzamientos a cargo de propietarios que no les han pagado la renta de alquiler, según los cálculos de la ANA.

Si ese dato se multiplica por el perjuicio medio causado al propietario por haber estado 14 meses sin cobrar rentas, calculado en 9.436 euros, da un volumen medio de morosidad de 132.689.032 euros. 

Soluciones

Zurdo denuncia que "no entendemos cómo hasta la fecha no se ha contemplado ninguna contraprestación económica para los propietarios particulares que han dejado de percibir la renta de alquiler, de los muchísimos inquilinos que no han solicitado un ICO para no endeudarse o no se lo han concedido". "Algunos, son propietarios vulnerables, que también están en ERTE y están siendo despedidos, y el alquiler era su única fuente de subsistencia”, sentencia el director general de la ANA.

"Desde marzo de 2019 el Gobierno lo único que ha hecho en materia arrendaticia ha sido legislar mirando solo hacia los arrendatarios favoreciéndoles claramente en perjuicio de los arrendadores y de paso, desestabilizar el mercado de alquiler en España", apunta la ANA. "Durante la pandemia, cuando el alquiler debía ser rescatado, solo se rescató, y a medias, a los inquilinos, ahora esperamos que las medidas sean justas también para los arrendadores", ahonda Zurdo.

Ante las medidas que sigue adoptando el Gobierno y que afectan de forma "muy negativa" al mercado de arrendamientos urbanos, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) solicita normas claras, equitativas para las dos partes y estables en el tiempo, que doten de seguridad jurídica al mercado del alquiler. Normas que sean iguales para todo el territorio nacional, sin diferencias por tipos de propietarios, que protejan a los arrendadores frente a los impagos y a la ocupación, que les incentiven a sacar viviendas al alquiler. Que se pongan en marcha ayudas directas, también para los arrendadores más vulnerables como existen en otros países europeos.

Para el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), estas medidas que se están legislando en materia de alquileres, “no aportan ninguna credibilidad ni confianza a los inversores, tanto nacionales como internacionales, por la inseguridad jurídica que producen, con la consiguiente e importante minoración de las rentabilidades previstas. 

Una situación, que, para José Ramón Zurdo, “inevitablemente provocará un desplazamiento de esas inversiones hacia otros países donde haya más seguridad jurídica, y por tanto, dejarán de invertir en nuestro país, lo que reducirá la oferta de vivienda en alquiler, con el consiguiente aumento o mantenimiento de los altos precios, algo que no nos podemos permitir”.

Por último, José Ramón Zurdo, declara que, “este tipo de medidas tan permisivas hacia la ocupación, como las que nos vienen anunciando pretenden imponer, que tampoco se puedan cortar los suministros de las viviendas ocupadas, y nos pueden llevar al absurdo de que un ocupa que no paga impuestos tenga más derechos que un propietario, que, si no paga la luz o el gas, las compañías suministradoras puedan cortarle el suministro”.