La okupación ilegal de viviendas en España y, sobre todo, en Cataluña es un creciente problema que genera graves problemas económicos a propietarios particulares y profesionales, así como más volumen de trabajo a los ya de por sí saturados juzgados.
A diferencia de épocas pasadas, en la actualidad las viviendas más afectadas son las de obra nueva, donde el promotor se ha encontrado más una vez la casa okupada a días de la entrega a sus nuevos propietarios.
El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) han analizado este fenómeno en un webinar celebrado esta mañana con la participación de promotores, abogados y jueces que tienen que lidiar en su día a día con esta delicada situación.
Montserrat Junyent, responsable de Asesoría Jurídica de la AIC y del COAPI de Barcelona, ha destacado que “la legislación ha ido evolucionando en los últimos años, sobre todo a partir de junio de 2018, cuando se introdujo de forma concreta la facilitación de la desocupación de viviendas”.
No obstante, ha puntualizado que la legislación “tampoco está surtiendo el efecto deseado ni está permitiendo a los Tribunales el acelerar estos procesos”. Junyent ha lamentado también que “el TC no ha dado cobertura a la ocupación ilegal, el derecho a escoger residencia y a una vivienda digna”, por lo que “no es un derecho absoluto que habilita para ocupar cualquier vivienda, es un derecho que debe ejercerse dentro de los límites de la Ley”.
De la misma manera, el magistrado juez de 1ª Instancia de Barcelona y doctor en Derecho, Fernando Valdivia, también ha aprovechado para solicitar al poder político “una actuación más contundente para facilitar la labor a los magistrados y la policía” y “establecer juzgados especializados en esta materia y los medios necesarios”. "El problema está en la cobardía de los políticos que no reconocen que es un proceso antisocial y lesiona la propiedad", ha afirmado.
Ramón Riera, presidente de FIABCI y presidente de Eurofincas, ha afirmado que este problema ha crecido en los últimos meses porque "desde la Administración se está provocando que pase esto porque los populismos no ayudan". Además, ha incidido, "hay detrás un asociaciones y plataformas que les ofrecen apoyo y les indican cómo tienen que actuar".
Mafias profesionales y niños lustrosos
Durante el webinar se han diferenciado los tres tipos de okupas que hay en la actualidad. Por un lado están los que no tienen nada que perder, con serios problemas económicos y de exclusión social. Este grupo cada vez en más reducido.
En segundo lugar, las mafias profesionales. Manel Roger, gerente y arquitecto de Nou Castor, ha explicado que "esta es la gran evolución del tema okupa: es un negocio y gana equis euros". Dan la patada a viviendas sin estrenar, cambian las cerraduras y venden los pisos por entre 1.500 y 2.000 euros.
Constantino Pérez, gerente Gumper, ha señalado que "piso vacío que tenemos, alarma que ponemos". "Con 3.000 euros puedes solucionar a veces que se vaya y busque otro piso, pero duele tener que pagar tres mil euros a esta gentuza" ha lamentado.
El tercer y último tipo son los jóvenes que ven la okupación como una forma de vivir. En este casi, el juez Fernando Valdivia ha afirmado que ha visto en su juzgado acusados con "iPhone último modelo y muy lustrosos" que okupaban casas pero dormían en la suya. "Por necesidad hay muy pocos", ha concluido.