Enfermeras de Ceuta realizan atención domiciliaria sin escolta policial pese al aumento de la inseguridad y agresiones en la ciudad.
El Ingesa solo ha asignado un agente de seguridad al centro de salud del Tarajal, dejando desprotegido al resto del personal en zonas conflictivas.
El Gobierno destina parte de un plan de choque de 309 millones a reforzar la seguridad, incluyendo incentivos para Policía y Guardia Civil.
Desde el inicio de la crisis migratoria, se han registrado 23 agresiones sexuales y un incremento de delitos contra el patrimonio en Ceuta.
La inseguridad en las calles de Ceuta está perjudicando a la atención sanitaria a domicilio. Las enfermeras se ven obligadas a atender a todos aquellos pacientes en situación de dependencia sin escolta policial mientras los actos delictivos y agresiones no paran de crecer.
El pasado martes, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) -dependiente del Ministerio de Sanidad- anunció que había incorporado un agente de seguridad para acompañar a las casas a las enfermeras del Centro de Salud del Tarajal, donde hay una presión migratoria mayor.
No obstante, el sindicato de Enfermería (Satse) de la ciudad autónoma denuncia que el resto de profesionales que trabajan en otros centros realizan labores similares en zonas conflictivas y están totalmente desprotegidas.
"Esto ha ocurrido gracias a nuestra presión y a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Además, de que llegó un momento en que las propias profesionales se negaron a acudir a las casas porque su seguridad estaba peligrando", cuenta Elisabeth Muñoz, secretaria autonómica de Satse en Ceuta a este diario.
"Pero hay enfermeras de tres centros de salud, del consultorio de Benzú y el servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) a las que todavía no se les ha ofrecido nada de seguridad. De hecho, de forma voluntaria se están organizando para ir de dos en dos a los domicilios por el miedo a ir solas por las calles", precisa.
"El personal del SUAP va a los mismos sitios conflictivos que las que trabajan el centro del Tarajal. El centro de Atención Primaria, el de urgencias, además abre sólo en turno de tarde y noche y no tienen ningún tipo de incremento de seguridad, ni presencia de ejército, ni nada", denuncia.
Muñoz cuenta a este diario el grave episodio que sufrieron dos profesionales mientras se trasladaban a un domicilio para atender a un paciente.
"Iban a una de las zonas más conflictivas del centro de la ciudad, que tiene barrios complicados. En uno de esos, que además está conformado por calles muy estrechas y con muchos recovecos, vieron a un grupo de personas, todos varones mayores de 20 años. Y uno de ellos llevaba un cinturón colgando de la mano con la parte de la hebilla en el extremo. Claro, obviamente cuando vieron eso, se dieron la vuelta, cogieron el teléfono y llamaron inmediatamente al 112 para que les pusieran seguridad", cuenta.
Así, la secretaria de Satse señala que todo esto está ocurriendo en un contexto en el que está aumentando la presión asistencial a domicilio por lo que es indispensable ofrecer estos servicios.
A la atención habitual a personas dependientes se añade el colectivo de mayores que evita salir a la calle por miedo, lo que evidencia la urgencia de garantizar la seguridad de estos desplazamientos.
Por su parte, fuentes del Ingesa confirman a este diario que seguirán escuchando a los profesionales sanitarios y si fuera necesario ampliarán aún más los refuerzos de seguridad.
De hecho, una partida del plan de choque aprobado por el Gobierno irá destinada a reforzar la seguridad.
En concreto, se desembolsarán 90 millones. Con ellos se pagará un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y 8 millones de euros para la Guardia Civil. Como han confirmado fuentes del Ingesa a este diario, parte de ese presupuesto irá para los centros sanitarios.
Aumento de las agresiones
Desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta se han registrado 23 agresiones sexuales, según los datos de la Fiscalía General del Estado.
Nueve de las víctimas son menores, con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Cinco de ellas fueron violaciones -agresiones con penetración-, y ocho presuntos autores han sido identificados: cuatro son marroquíes, tres son españoles y uno es belga.
Durante su visita a la ciudad autónoma, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, explicó que se ha registrado "un incremento en los delitos contra el patrimonio", esto es, robos, así como "delitos de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad".
En referencia a esto, Elisabeth Muñoz, relata a este periódico que en las propias urgencias se han vivido varios episodios violentos entre los propios migrantes.
"Es cierto que ahora en los centros hay más vigilancia porque hemos llegado a presenciar como una persona se metía rápidamente en urgencias cuando otro le perseguía con una pistola. Las situaciones han sido bastante críticas", cuenta.
Sobre el aumento de refuerzos que defiende Sanidad, Muñoz indica que el incremento es totalmente insuficiente.
"Los tres centros están sin personal suficiente, están sobrecargados. En dos de los tres centros de salud se obligó a hacer asistencias entre comillas voluntarias, pero eran obligatorias, lo único que te permitían era cambiar con tus compañeros el día que ibas a doblar", aclara.
"En el hospital sí es cierto que se pidió voluntarios y que no se ha obligado al personal a realizar guardias extraordinarias. Sin embargo, lo que han hecho ha sido sobrecargar a todo el personal sanitario contratado, nosotros hemos descubierto al hacer los cómputos de trabajo, excesos de jornadas brutales. Hay personas a las que les deben 15-20 días de libranzas", continúa.
La profesional advierte que haciendo un análisis de la situación actual sería necesario duplicar las plantillas para alcanzar las ratios adecuadas enfermera-paciente que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).