Sanidad sólo ha realizado 50 pruebas dentales para identificar a menores inmigrantes tras el asalto a Ceuta, debido a la complejidad del proceso y la intervención de varios organismos.
El Gobierno estima que hay unos 1.400 menores inmigrantes en Ceuta, aunque la capacidad ordinaria para menores extranjeros no acompañados es de solo 29 plazas.
La ley exige que si se supera el triple de la capacidad de acogida, los menores deben ser trasladados a otras comunidades en un máximo de 15 días.
El presidente de Ceuta ha solicitado al Gobierno central más medios para evitar nuevos asaltos y defiende el retorno de los inmigrantes llegados a la ciudad.
Casi dos semanas después del asalto migratorio a la ciudad de Ceuta, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) continúa realizando las ortopantomografías correspondientes -radiografías dentales- para identificar a los menores.
Por el momento, el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) sólo ha hecho estas pruebas identificativas a unos 50 inmigrantes, presuntamente menores. ¿Y por qué tan pocas? Fuentes del Ingesa confirman a este diario que este proceso es complejo. No sólo interviene el servicio de salud, sino también se necesita la implicación de los forenses y de la Policía Nacional.
Con carácter previo a la prueba, es necesario que la Policía Nacional haga a cada menor indocumentado, o supuesto menor, una entrevista y gestione otras actuaciones. Posteriormente, debe proceder a su filiación.
Una vez identificado el menor y si el caso es dudoso, se inicia la coordinación entre administraciones para hacer las pruebas forenses de determinación de edad. Unas pruebas que, por cierto, deben estar autorizadas por el Fiscal de Menores.
Tras los correspondientes trámites, la documentación se remite al hospital de Ceuta unas horas antes de la llegada de los menores que van a ser sometidos a la prueba.
Las pruebas se envían al Instituto de Medicina Legal y Forense en la misma jornada en la que se han hecho. Este ente emite el correspondiente informe final.
Por tanto, sin datos de filiación de la Policía y sin autorización del fiscal, no es posible hacer prueba alguna y es necesario esperar.
Según ha podido saber este diario, todavía quedan bastantes casos sospechosos por analizar. Por ello, es complicado determinar cuánto pueden alargarse los procesos de identificación. Unos exámenes que son fundamentales para conocer el número exacto de menores que pueden acogerse al derecho de acogida, según se fija en la Ley de Extranjería.
Con todo, mientras no se determine lo contrario, el Gobierno estima que hay unos 1.400 menores inmigrantes en Ceuta aunque "pueden ser muchos más". Así lo señaló el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este lunes.
Como medidas inmediatas, declaró que se ha reforzado en un 50% el personal de la Delegación de Gobierno para acelerar "los mecanismos administrativos que permitan que esos menores puedan estar en otros lugares": "Ahí hemos priorizado el reagrupamiento familiar, que puede ser en el país de origen o incluso en algún lugar de este país".
Así pues, más de 1.400 menores migrantes permanecen en la ciudad autónoma. Ceuta tiene una capacidad ordinaria de apenas 29 plazas para menores extranjeros no acompañados, por lo que no puede soportar esta presión.
Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026.
Cabe recordar que desde que se aprobó la reforma de la Ley de Extranjería en 2025, nuestro país cuenta con un mecanismo de contingencia migratoria extraordinaria.
La norma establece un umbral numérico para declarar la emergencia. Se activa cuando el sistema de protección y acogida de menores de una comunidad o ciudad autónoma supera el triple de su capacidad ordinaria, como ya ocurrió en Canarias.
Si pasa esto los menores deben ser derivados a otras comunidades autónomas antes de concluir el expediente de determinación de edad.
La ley ordena que el traslado se produzca en un máximo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y establece expresamente que, si existen dudas sobre su edad, será la comunidad de destino la que practique después las actuaciones necesarias para determinarla.
Unas medidas que han despertado la polémica y que los partidos de la oposición como el PP piden que se modifiquen.
Más de 10.000 personas
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denunció el pasado martes que todavía quedan más de 10.000 personas en Ceuta.
El presidente solicitó al Gobierno que garantice que este episodio no va a volver a repetirse tras la última amenaza de un próximo asalto el 15 de agosto.
"Deben poner a disposición todos los medios de prevención, disuasión y reacción, medidas que corresponden únicamente al Gobierno central", señaló.
Vivas ha comunicado al Gobierno que "la única salida que tienen las personas que han llegado es el retorno".
El presidente Ceutí está totalmente en contra de la concesión de documentación y de los permisos de asilo porque "puede conducir a que esto se pueda repetir".
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares anunció que "Marruecos está dispuesto a facilitar el retorno de estas personas, tanto adultos como menores", pero que no se conocen fechas exactas en las que estas devoluciones se producirán.