Las claves
nuevo
Generado con IA
El Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley para limitar la gestión privada en los hospitales públicos, permitiéndola solo en casos excepcionales.
La nueva norma exigirá una evaluación previa obligatoria y una memoria justificativa para cada caso de gestión privada en el Sistema Nacional de Salud.
La ley permitirá revertir modelos de gestión privada activos y veta concesiones que busquen el lucro en la gestión de hospitales públicos.
Según el Ministerio de Sanidad, los modelos de gestión privada han mostrado peores resultados en calidad asistencial y sostenibilidad financiera respecto a la gestión pública.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta al anteproyecto de ley para vetar la gestión privada de los hospitales públicos. Hace tiempo que la ministra de Sanidad, Mónica García, viene anunciando una norma que tiene, entre otros objetivos, impulsar la gestión pública de los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El anteproyecto de ley (que todavía tiene que someterse a los diversos órganos consultivos antes de ser aprobado, definitivamente, por el Consejo de Ministros) recoge que sólo será posible la gestión privada de centros sanitarios públicos (o gestión indirecta) cuando no sea posible la "prestación directa" o "pública".
Dichos modelos de gestión deben garantizar la sostenibilidad financiera y eficiencia y cumplir los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Además, deberá haber un procedimiento de evaluación previa obligatorio para cada caso de gestión privada en el SNS.
Dicha evaluación deberá incluir una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria y un análisis de un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta.
Si la concesión es de servicios, también será necesario un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.
Según el Ministerio de Sanidad, "la evidencia analizada muestra que modelos de gestión indirecta, como el modelo Alzira, obtuvieron peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares. Además, la privatización se asocia con una reducción de plantillas que puede erosionar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema".
La futura norma posibilitará también la reversión de los modelos de gestión privada dentro de la sanidad pública que haya activos.
Vetos
"Es un triunfo de la sociedad civil ante las garras especuladoras y privatizadoras",ha defendido García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De esta manera, según la ministra, quedan vetados "los modelos concesionales que combinan la concesión de obra y la prestación sanitaria con el ánimo de lucro. Y todo aquel que quiera externalizar servicios o asistencia sanitaria tendrá que demostrar por qué lo hace".
"En los últimos años hemos asistido a casos absolutamente obscenos que no deberían formar parte de nuestro sistema sanitario público", ha añadido, refiriéndose a toda la polémica que ha rodeado durante el final del año pasado a la gestión del Hospital de Torrejón, por Ribera.
García considera que estos "no son casos aislados" sino "estructurales". Y se basan "en un marco normativo que ha permitido que la gestión de la sanidad pública tenga una orientación de beneficio económico en vez de salud", refiriéndose a la ley 15/1997, aprobada en los tiempos de José María Aznar.
De esta manera, "la gestión indirecta queda limitada a casos excepcionales en los que la gestión pública no dé para hacer determinadas actuaciones. Ya no pueden ser un capricho o ideología inercial".
Por otro lado, la ministra ha asegurado que "esta ley no va contra fórmulas sin ánimo de lucro ni contra modelos de colaboración público privada que podemos considerar sanos".