El Ministerio de Sanidad da su visto bueno a que se estudien medidas económicas y fiscales que salven a los centros sanitarios privados de la bancarrota y la falta de ingresos provocada por el coronavirus.
Así lo indica el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, en una carta que ha enviado a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la principal patronal del sector. Según la empresarial, en la carta Blanco admite que es “tarea prioritaria del Gobierno” estudiar las medidas fiscales y económicas a aplicar “entendiendo la urgencia que la falta de liquidez puede ocasionar, tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios que vienen prestando en el marco de esta situación de crisis”.
Blanco recuerda que el Gobierno viene dictando medidas para minimizar el impacto económico en gran parte del tejido productivo y “los operadores del sector sanitario privado no pueden ser una excepción, ya que resultan estratégicos, mantienen un servicio de primer orden en la lucha contra la pandemia, con inversión en recursos y medios, y cuando sus profesionales, aún con riesgo para su propia seguridad, están en la primera línea de la atención a los pacientes”.
Equilibrio de recursos
En este sentido, aunque no se desvelan las medidas a aplicar, sí se considera que deben permitir “proporcionar un equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de los operadores del sector, con proporcionalidad y adecuación al amplio perfil de las empresas y sus servicios”.
Como ha venido relatando Invertia las últimas semanas, la sanidad privada ha lanzado varios SOS desde hace semanas ante la situación que está generando el coronavirus. La actividad de los centros no ha cesado para cubrir la emergencia sanitaria, teniendo varias empresas que aumentar sus plantillas para cubrir la presión asistencial.
Sin embargo, esto, sumado al estado de alarma y el confinamiento, ha provocado a su vez que la facturación se haya reducido prácticamente a cero durante las últimas semanas en las regiones más afectadas por el Covid-19. Y es que las comunidades autónomas y el sector de la sanidad privada aún no han pactado una contraprestación por sus servicios durante la crisis.
Según ASPE, los ingresos del sector han descendido en promedio un 85% respecto a la situación previa a la publicación del decreto de alarma, “mientras al mismo tiempo todos los centros sanitarios, con y sin internamiento, han mantenido sus infraestructuras y equipamientos, en diverso grado según su tipología e involucración directa en la gestión de casos de contagio de coronavirus”.
El mayor deterioro se ha producido en los centros sanitarios con internamiento que están en primera línea de lucha contra el coronavirus. El resto, clínicas y centros sin internamiento mantienen servicios mínimos para atender urgencias y casos relevantes en términos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Hasta ahora, esta patronal está negociando un paquete de medidas fiscales y económicas valoradas en unos 4.500 millones de euros con el Ministerio de Industria. Según ha podido saber este medio, habría buena disposición por parte del departamento de Reyes Maroto, al que se suma este visto bueno a través de misiva que refleja también Sanidad.