El Gobierno empieza a manejar escenarios para reactivar el tejido productivo tras el periodo de hibernación en el que encuentra. La gravedad de la crisis económica y social que ya impacta a España y que ha provocado una destrucción histórica del empleo, ha hecho que el Ejecutivo se replantee sus posturas y no descarta ninguna medida laboral o económica para salvar empresas y puestos de trabajo.
El primer paso en esta dirección lo ha dado la propia Yolanda Díaz este miércoles. La ministra de Trabajo ha reconocido que baraja la posibilidad de mantener activas las condiciones excepcionales de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y provocados por el Covid-19. Eso sí, solo en empresas muy vulnerables y de los sectores de la construcción, el turismo , los servicios y la cultura.
Pero pueden no ser los únicos. Fuentes cercanas a Moncloa aseguran que se analizará caso por caso sea cual sea el sector del que se trate. Esto supone un importante cambio de tercio por parte del Gobierno, que hasta ahora había circunscrito las ventajas de los ERTE (tales como una prestación de desempleo para trabajadores así como un exoneración del pago de la Seguridad Social para empresas, todo a cuenta de la Seguridad Social) a lo que durara el estado de alarma.
De hecho, se manejan más cambios en el campo laboral. Ahora el Ejecutivo se muestra dispuesto incluso a abrir la puerta a flexibilizar la condición de no despedir y no reducir plantillas en los próximos seis meses a las empresas que se sumen a los ERTE de fuerza mayor. Todas las alternativas se están planteando y reevaluando constantemente.
A día de hoy, Moncloa maneja numerosos escenarios para abordar la crisis presente y la que se viene. Y no solo en lo laboral. Las fuentes consultadas aseguran que servicios jurídicos, economistas y expertos de todos los ministerios trabajan con numerosas posibilidades sobre la mesa para abordar nuevas medidas, que se trasladarían a través de los reales decretos-ley oportunos, para favorecer la reconexión de la economía.
Flexibilidad
Esta nueva postura y flexibilidad para adoptar nuevas medidas y mantener algunas tomadas con motivo del estado de alarma también se dejan notar en las declaraciones de los propios ministros. Además de Díaz, también ha dado muestras de apertura María Jesús Montero.
Si bien el departamento de Hacienda, del que es titular, se había opuesto tajantemente a nuevos aplazamientos de impuestos hace menos de dos semanas, Montero ha abierto esta puerta en esta Semana Santa de confinamiento. En una de sus numerosas apariciones televisivas, ha valorado la posibilidad de aprobar nuevas demoras tributarias para autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Se trata de un compromiso adquirido por Sánchez en las negociaciones con Ciudadanos para lograr su respaldo a los decretos económicos. Una condición indispensable para el partido naranja.
En una situación similar se sitúan los colectivos de autónomos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en potenciales medidas adicionales para este colectivo aunque no hay aún nada concretado. Lo que más, el esperado ingreso mínimo cuya elaboración está acelerando el departamento para atender a las urgencias sociales provocadas por la crisis del coronavirus.
Sin embargo, este mismo miércoles ha habido cambios de calado en medidas como la prestación especial a la que tienen acceso los trabajadores por cuenta propia cuya actividad se haya visto afectada por el Covid-19. En su perfil de Twitter, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha informado de que se podrá combinar con cualquier otra de la Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible la actividad que viniera realizando, como la de viudedad u orfandad.
Además, se ha concretado que tendrá al menos la duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. Es decir, que si por un casual se ampliara a mayo, los autónomos beneficiarios cobrarían toda la paga (que supone un mínimo de 661 euros).
En cualquier caso, cabe recordar que las reclamaciones de los colectivos de autónomos, dada la suspensión de la actividad en la mayoría de sus sectores más representativos por el estado de alarma(como el de los servicios), se centran en que se les exonere del pago de las cuotas de la Seguridad Social, algo que el Gobierno no está dispuesto a conceder. Al menos por ahora.
Línea de ayudas
Por otro lado, uno de los sectores que podría recibir un espaldarazo económico de origen gubernamental sería el de la sanidad privada. Reconocida como está siendo su aportación en la crisis sanitaria, entre las medidas de reconexión seguramente habrá un paquete exclusivo de ayudas para estas empresas que no está cerrado aún.
Fuentes de este sector indican que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) negocia un paquete económico de alrededor de 4.500 millones de euros que contaría con créditos blandos, mejoras fiscales y aplazamientos tributarios. Con todo, cualquiera de estas medidas, que por lo pronto se están negociando con el Ministerio de Industria, tendrá que contar con el visto bueno de Sanidad.
Pero la industria de la sanidad privada no será la única impulsada. Todo parece indicar que la reconexión de la economía contará con múltiples medidas para abarcar numerosos sectores productivos. Un arsenal para el que no se descarta ningún arma para resucitar el tejido productivo nacional ante una crisis sin precedentes.
En definitiva: Al 'escudo social' que ya se ha creado, el Gobierno quiere sumar una 'espada económica' para batirse con el histórico impacto de las consecuencias, todavía por conocer, del coronavirus.