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Las claves

La Asociación 'Víctimas Descarrilamiento Adamuz' ha comparecido formalmente ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir "una intervención urgente" tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

A través de una denuncia administrativa con los informes de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil, el objetivo es alertar a la entidad europea de "las graves deficiencias" que tiene la red ferroviaria española.

La asociación se suma así a los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), denunciando "una deficiencia estructural en el sistema actual que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía".

Las víctimas, representadas por Antonio Benítez Ostos, Socio-Director de Administrativando Abogados, firma que coordina la defensa de la asociación, advierten en el escrito de que el sistema ferroviario español "acumula más de cien roturas de vía al año".

Asimismo, se aportan advertencias técnicas previas emitidas públicamente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), donde ya se denunciaban graves deficiencias en las infraestructuras.

Tales como la inestabilidad en la rodadura, oscilaciones anómalas en los trenes a velocidades cercanas a los 280 km/h, fatiga de materiales y "botes" por la presencia de baches, deformaciones geométricas y desgaste ondulatorio en los rieles; sobrepeso en las vías y abuso de medidas de precaución.

Además, la denuncia subraya "carencias incomprensibles" en la seguridad del material rodante y la asistencia, la ausencia de cámaras de videovigilancia exteriores en los trenes, la falta de sistemas autónomos de geolocalización inmediata en caso de descarrilamiento, e insuficiencias en los portaequipajes que provocan la caída de bultos sobre los viajeros.

De igual modo, censuran que los servicios autonómicos de emergencias (061 y 112) sigan sin contar con protocolos de actuación plenamente coordinados y homogéneos en toda España.

El letrado Antonio Benítez Ostos, portavoz jurídico de la asociación, ha manifestado su "absoluta preocupación" ante el hecho de que, en poco más de una década, España haya sufrido los dos peores accidentes ferroviarios de su democracia, el de Angrois en 2013 y el de Adamuz en 2026.

Unas circunstancias que ponen en evidencia que "las medidas actuales son del todo insuficientes" para garantizar la seguridad de las personas viajeras.

La Agencia Ferroviaria Europea, quien ya intervino en el Caso Alvia y en su Documento de Asesoramiento ERA/ADV/2015-6, consideró que la investigación del siniestro llevada a cabo por la CIAF "no fue independiente", además de presentar "graves irregularidades" como no haber tenido en cuenta a las víctimas, ni haberles informado de sus derechos en el procedimiento de investigación.

Esta actuación ha sido elevada ante las instancias europeas tras los requerimientos que la asociación viene realizando a las autoridades nacionales, incluyendo la suspensión del sistema ferroviario en España hasta tanto no se certifique su plena seguridad, sin que se hayan adoptado las medidas pertinentes.

El objetivo es que esta agencia de la UE audite la gestión que están llevando a cabo las autoridades nacionales competentes para garantizar la seguridad del sistema ferroviario español y, con ello, que sea un medio de transporte completamente fiable que evite cualquier otro siniestro.