Rocío Báguena, expresidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, defendió su rol de supervisión en el accidente de Adamuz, que causó 46 muertes en enero de 2026.
Báguena argumentó que la responsabilidad del control de riesgos recae en las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras, como Adif.
La expresidenta aseguró que la agencia no valida análisis técnicos concretos como los ultrasónicos y que su función es supervisar mediante auditorías y revisiones muestrales.
Destacó que el sistema ferroviario español es seguro y que la investigación de las causas del accidente corresponde a una comisión técnica independiente.
La expresidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y exsecretaria General de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, ha defendido su papel al frente de la agencia en el momento del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que ocasionó la muerte de 46 personas el 18 de enero de 2026.
La exjefa de la AESF no ha hecho autocrítica y ha eludido cualquier tipo de responsabilidad sobre el siniestro justificando que “las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras son responsables de la explotación segura del sistema ferroviario y del control de riesgos”.
Es decir, el control de riesgos es de Adif y los operadores, aunque no haya citado nombres en concreto.
Así lo ha asegurado ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España constituida para informar sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gélida (Barcelona).
Por tanto, ha defendido que dentro de las actividades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria se incluyen auditorías, inspecciones, visitas o revisión de informes.
Y ha detallado que realizan una labor de supervisión muestral, de tal forma que “la actividad de la agencia no sustituye o diluye la responsabilidad de los actores que participan en el sector ferroviario”.
De la misma manera ha asegurado que la agencia no ha validado los resultados de los análisis ultrasónicos de Adamuz, argumentando que validar ese tipo de pruebas concretas no es el papel ni la función de este organismo.
Así, ha destacado que la agencia realizó 900 acciones de supervisión en 2025 (de un total de 5.500 en la última década) y que la línea Madrid-Sevilla presentaba uno de los mejores índices de calidad geométrica en términos generales, habiéndose iniciado en 2025 una auditoría sobre el plan de prevención de roturas de carril de Adif.
Asimismo, ha aclarado que su papel como presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria consistía en servir de nexo entre el Ministerio y la propia agencia, sin competencias ejecutivas ni relación de dependencia jerárquica para exigir de forma directa determinadas medidas.
De hecho, el 1 de septiembre fue cesada como secretaria general de Transporte Terrestre y, de forma automática al ser un puesto nato no ejecutivo, de la presidencia de la AESF. Cese del que ha reconocido desconocer los motivos.
Por último, no ha querido contestar las preguntas sobre las causas del accidente dejando a la investigación técnica independiente ese papel y ha asegurado que “es seguro el sistema ferroviario español”.