El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado varias cláusulas de la licitación de Renfe para crear una empresa de autobuses.
Las patronales Anetra y Fenadismer denunciaron que el concurso favorecía solo a grandes corporaciones y excluía al 99% de las empresas del sector.
El dictamen señala falta de justificación para crear la sociedad, ausencia de división en lotes, requisitos desproporcionados y falta de transparencia.
Renfe mantiene su intención de crear la sociedad de autobuses y revisará el procedimiento para adaptarse a las observaciones del tribunal.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha decretado la anulación total de varias cláusulas de la licitación lanzada por Renfe para crear una empresa de autobuses, destinada a prestar los servicios alternativos cuando la circulación de trenes no es posible.
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que habían recurrido esas cláusulas, han recibido este viernes la notificación del TACRC, que había suspendido de forma cautelar el concurso en el mes de abril.
La resolución no solo estima los recursos presentados, sino que también ordena la retroacción del procedimiento del llamado 'Acuerdo Marco de Servicio de transporte alternativo por carretera', la licitación a través de la cual Renfe buscaba un socio para colaborar en la prestación del servicio de esa nueva empresa de autobuses.
Ambas patronales denunciaron que el diseño del concurso expulsaba directamente al 99% de las empresas del sector -compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos- para favorecer "de forma exclusiva a un puñado de grandes corporaciones".
"El dictamen del TACRC ratifica punto por punto las ilegalidades y abusos competitivos expuestos por Anetra y Fenadismer en sus recursos y que han supuesto este dictamen contra la operadora pública ferroviaria", aseguran.
En concreto, las patronales aseguran que la resolución apunta a la "falta de justificación" de la necesidad de crear una sociedad, la ausencia "injustificada" de la división en lotes, los requisitos de solvencia "desproporcionados" y las trabas "injustificadas" a las agrupaciones de empresas.
Asimismo, habla de "vulneración" de los plazos legales de duración y de omisión de la publicación preceptiva en el Diario Oficial de la Unión Europea o la "falta de transparencia y desglose de costes".
Renfe no renuncia
A pesar de la resolución, Renfe no abandona la iniciativa para crear una sociedad participada de autobuses, sino la necesidad de adaptar el procedimiento administrativo a las observaciones realizadas por el órgano competente.
La compañía ha anunciado estudiará las resoluciones adoptadas y procederá a retrotraer las actuaciones al momento procesal que determine el Tribunal, con el objetivo de revisar y modificar los aspectos del pliego que resulten necesarios.
En este sentido, Renfe reitera que no renuncia a la creación de la sociedad participada, al considerar que se trata de una herramienta estratégica para reforzar la atención a los viajeros en situaciones de incidencia ferroviaria u obras en la red, mejorar la capacidad de respuesta, y optimizar los recursos destinados a los planes alternativos de transporte.
La empresa pública recuerda que la sociedad participada por Renfe no nace para competir con el sector, sino para garantizar una capacidad de respuesta suficiente cuando el sistema ferroviario se vea interrumpido. Renfe es la única operadora actualmente que garantiza la movilidad de la ciudadanía cuando se da esta circunstancia.