Las claves

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La juez que investiga el accidente de tren ocurido en enero en Adamuz (Córdoba) ha preguntado a la empresa pública Adif si efectuó "obras de mantenimiento" el pasado 3 de marzo sobre la vía en la que se produjo el siniestro.

Si la respuesta es sí, la magistrada también exige saber en qué consistieron, si supusieron la retirada de material y dónde están los restos desplazados.

Todo ello consta en una resolución judicial firmada este jueves por la juez Cristina Pastor y dirigida a la compañía estatal que gestiona las infraestructuras ferroviarias.

Como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, la instructora ya reprendió a Adif por avisarla con tan sólo dos días de antelación de que iba a acometer las mencionadas obras, previstas para la noche del pasado 3 de marzo y a sólo un kilómetro del lugar del siniestro.

Por ello, la instructora ordenó a la empresa pública que, desde ahora, solicite dichos permisos con, al menos, medio mes de plazo.

Adif replicó a la juez y envió al Juzgado un escrito en el que pedía a la juez distintas aclaraciones, como el tramo exacto en el que se aplicaba dicha prohibición o las concretas labores para las que exigía en lo sucesivo autorización.

Ahora, la magistrada, en respuesta, despeja todos esos interrogantes. Pero también exige a Adif que aclare si, finalmente, acometió aquellas obras y, de ser así, en qué consistieron.

Pastor aclara que el tramo sobre el que rige su prohibición se extiende "desde el punto kilométrico 321,098 al 315,974" de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

Asimismo, concreta, a petición de la empresa pública, que las tareas de mantenimiento a las que se refiere son aquellas que impliquen "intervención y/o alteración material sobre las instalaciones o cualquier elemento de la vía".

En respuesta a la compañía gestora de las infraestructuras ferroviarias, la magistrada precisa que las labores de vigilancia y supervisión no quedan afectadas. Siempre, eso sí, que no supongan una alteración de la vía.

Si Adif necesita acometer "una intervención inmediata por motivos de seguridad", lo tiene permitido. No será necesario un preaviso de quince días.

Ahora bien, después de dichas labores, la compañía deberá informar al Juzgado en qué consistieron y por qué no fue posible solicitar la autorización previa.

EL ESPAÑOL-Invertia también ha tenido acceso a un informe del fiscal del caso, Alejandro Izuel, en el que se muestra a favor de imponer un preaviso de 15 días a Adif.

"Dadas las circunstancias, (...) no puede descartarse de manera absoluta la necesidad de practicar en el futuro alguna diligencia sobre el terreno en el que se produjo el accidente ferroviario", indica la Fiscalía.

De ahí que Izuel considere razonable que el Juzgado "tenga conocimiento actualizado de cualquier cuestión que pueda afectar a dicho terreno". Y de que Adif comunique cualquier actuación "con antelación suficiente", mediante un "prudente preaviso" de 15 días.

A un kilómetro

El accidente de tren se produjo al filo de las ocho de la tarde del 18 de enero en un tramo cercano a la localidad cordobesa de Adamuz.

Un tren de la compañía privada Iryo descarriló y un Alvia chocó con éste. Murieron, en total, 46 personas.

La descarriladura se produjo en torno al punto kilométrico 318,7 de la Línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla. La colisión, en el 318,2-318,3. La vía que Adif tenía previsto renovar, en el 317,264.

Además, en su escrito del pasado 2 de febrero, en el que avisaba de la obra que pretendía acometer la noche del día 3, la compañía estatal indicó que pretendía remplazar un "carril de 36 metros de longitud".

Aunque admitía que estaba ubicado a una zona próxima al lugar del siniestro, Adif ya avanzaba que el material que tenía en mente retirar iba a ser "debidamente" custodiado en una de sus bases de mantenimiento, en la ubicada en Hornachuelos (Córdoba).

Reprimendas de la juez

No fue éste el único rifirrafe entre la juez y la empresa pública gestora de las infraestructuras ferroviarias.

El pasado 10 de febrero, la magistrada ya reprendió duramente a Adif por retirar, de noche, material del lugar del siniestro, sin autorización ni aviso previo.

En esa fecha, la juez Pastor firmó una resolución en la que ordenó a la compañía estatal lo siguiente: "Que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la investigación, si no es previa autorización judicial".

"Todo ello", advirtió, tajante, "bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultare procedente".

Adif custodió dicho material en una de sus bases de mantenimiento y la puso a disposición del Juzgado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió que el error de la compañía fue el de no avisar a la instructora.

Ahora bien, subrayó que la empresa pública no ha ocultado pruebas.