La movilidad compartida va a tener presencia por primera vez en la regulación española. El anteproyecto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible aprobada ayer por el Consejo de Ministros incluye en diferentes partes del texto referencias directas a esta tipología de servicios.

La inclusión de este concepto dentro del nuevo reglamento supone mucho más que reconocer la existencia de esta actividad. Su inclusión en la Ley de Movilidad Sostenible va a facilitar que las administraciones contraten servicios como Blablacar. Una posibilidad que va a aumentar las opciones con las que el Estado, las comunidades autónomas o los municipios pueden resolver las necesidades de desplazamientos de sus ciudadanos. 

Durante los últimos años hemos visto como las opciones de los usuarios para realizar sus desplazamientos han aumentado y se han flexibilizado. En cambio, las administraciones han tenido que seguir dando respuesta a las problemáticas en materia de transporte con opciones tan escasas como rígidas.

[Sánchez (Transportes): "Los ayuntamientos podrán cobrar tasas por circular dentro de las zonas de bajas emisiones"]

Los servicios de movilidad compartida abren de esta forma un nuevo abanico de opciones que pueden dar respuesta a algunos de los nuevos retos que, precisamente, debe afrontar la nueva regulación: dar alternativas al vehículo particular en lugares o casuísticas donde los medios de transporte colectivos no encajan. 

Derecho a la movilidad sostenible

La nueva norma eleva el concepto de la movilidad sostenible hasta considerarlo un derecho. "Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo en los términos establecidos por la ley, que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, favorezca la realización de sus actividades personales, empresariales y comerciales y atienda las necesidades de las personas menos favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblación, y en particular, preste especial atención a los supuestos de movilidad obligada".

Al desarrollar este concepto es cuando la nueva Ley destaca a la movilidad compartida como una de las alternativas con las que solucionar las necesidades en materia de movilidad. "El sistema de movilidad facilitará la movilidad activa y sostenible y podrá incluir servicios de transporte público regulares, discrecionales o a la demanda, servicios de movilidad compartida y servicios de movilidad colaborativa".

La redacción de la norma confirma, teóricamente, lo que desde el sector de la movilidad se viene discutiendo en los últimos tiempos. Los servicios que hoy sí pueden disfrutar los habitantes de grandes ciudades pueden desempeñar un rol en la movilidad de la denominada España vaciada.

Especialmente en territorios rurales, dotar de capacidades a las administraciones locales para apoyarse en este tipo de servicios puede ser una solución donde alternativas tradicionales como autobuses o taxis son difíciles de justificar por exceso de capacidad o de precio. Fomentar la movilidad compartida desde los ayuntamientos, incluso entrando en una potencial subvención de costes podría ser una alternativa con mucho potencial.

Costes compartidos

Y es en ese componente de "costes" donde otra vez el anteproyecto de Ley delimita de forma clara las dimensiones del terreno de juego en el que estos servicios pueden disputar el partido.

"Los servicios de movilidad colaborativa, entendidos como la utilización conjunta de un vehículo por parte de un conductor o conductora y de uno o varios pasajeros, realizada sin remuneración, salvo para compartir los gastos, en el marco de un viaje que el conductor realiza por cuenta propia, son transportes privados particulares", detalla la norma.

Reducir al máximo el número de vehículos que circulan por las carreteras españolas con un sólo pasajero en su interior es una de las prioridades de las políticas desplegadas por el Gobierno. Un objetivo que, en ese contexto de municipios poco poblados, puede tener en la movilidad compartida una solución hasta ahora poco explorada.

Una casuística en la que ya trabaja Blablacar. "Desde hace tres años tenemos un gran foco puesto en el desarrollo de nuestra tecnología Boost. Se trata de algoritmos e inteligencia artificial que proponen a los usuarios paradas sin desviarse demasiado de la ruta principal, desbloqueando municipios intermedios sin importar su tamaño y población. Gracias a la capilaridad del coche compartido y a esta tecnología, sólo en el último año se han conectado con BlablaCar más del 84% de las más de 8.000 localidades españolas", explica Itziar García, directora de Relaciones Institucionales y comunicación de BlablaCar para Iberia y Latinoamérica.

La digitalización como respuesta

En este sentido, el componente digital aporta una serie de alternativas que hasta ahora no existían explica García. "En muchas de esas pequeñas localidades no existe una red de transporte público que permita el acceso a una movilidad eficiente. La digitalización nos permite conectar punto a punto cualquier localidad española. Si además utilizamos la tecnología para optimizar, no sólo las rutas, si no también la ocupación de los asientos vacíos que circulan por esas carreteras, la eficiencia económica y medioambiental es mucho mayor".

Ante el nuevo contexto, Blablacar celebra la llegada de la nueva regulación. "En una encuesta que realizamos recientemente a nuestros usuarios descubrimos que el 85% de ellos considera importante que esta actividad cuente con una regulación adecuada, el 91% valoran positivamente que la regulación sobre movilidad compartida contemple ayudas como subsidios o incentivos, como ya ocurre en Francia, y el 95% que el coche compartido es una buena alternativa para los itinerarios que unen zonas rurales con pequeñas poblaciones urbanas".

Así las cosas, la Ley de Movilidad Sostenible, que aún deberá recibir el ok definitivo del Congreso de los Diputados, abrirá un nuevo tiempo en el que las opciones para los usuarios para realizar sus desplazamientos aumenten. Si su aprobación se confirma en 2023, desde el próximo año podremos empezar a ver como estos principios teóricos comienzan a aplicarse en el día a día de los ciudadanos.