El problema de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos se agudiza en España. Nuestro país cerró el tercer trimestre de 2022 con 16.565 puntos de recarga públicos, una cifra que queda muy alejada de los niveles necesarios para impulsar la movilidad cero emisiones.
La cifra, recogida en el último estudio de Anfac, supone un aumento de solo 793 nuevos puntos entre julio, agosto y septiembre. Si se pone el foco en la infraestructura de carga rápida, la que permite dotar de autonomía a los vehículos 100% eléctricos en menos de 25 minutos, la oferta aún es muy reducida.
España sólo cuenta con 412 puntos de más de 150 kW. Una red que desde todos los estamentos consideran insuficiente para los 90.000 vehículos 100% eléctricos que actualmente circulan por las carreteras españolas, según indican los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la parte positiva hay que destacar que, prácticamente, uno de cada tres puntos de carga de estas características se puso en funcionamiento durante los últimos tres meses en España.
Entre julio y septiembre se pusieron en marcha 130 puntos de los 412 puntos ultrarrápidos con los que cuenta la red de nuestro país.
Lento avance de la movilidad eléctrica
En los tres primeros trimestres del año, España ha matriculado un total de 55.472 turismos electrificados, habiendo cumplido solo el 46,2% del objetivo de las 120.000 unidades necesarias en 2022 para cumplir los objetivos de reducción de emisiones exigidos. Para lograr alcanzar este hito, se tendrían que haber registrado 90.000 unidades electrificadas hasta el mes de septiembre.
Volviendo a la infraestructura de carga, su actual evolución se sitúa por debajo del aumento registrado en el segundo trimestre de 2022. Con el total registrado en el tercer trimestre, España no alcanzará el objetivo de 45.000 puntos de recarga previstos para este año y necesarios para cumplir con las exigencias de los objetivos europeos y marcados a nivel nacional por el PNIEC para 2030.
Además, la red nacional de puntos de recarga continúa siendo mayoritariamente de carga lenta, representando el 81% del total de la infraestructura. En el último trimestre se han instalado un total de 307 nuevos puntos de recarga por encima de los 50 kW, asociados a la carga rápida con tiempos inferiores a los 40 minutos. Cabe destacar que el 89% de los puntos de recarga de acceso público de alta potencia responde a proyectos de fabricantes de automóviles.
El indicador global de electromovilidad señala que la distancia entre el conjunto europeo y España sigue aumentando, representando en el tercer trimestre una brecha de 15,7 puntos, siete décimas más que en el trimestre anterior. Mientras que países del entorno europeo como Alemania o Francia crecen 1,3 puntos y 1,7 puntos respectivamente, España sigue estancada con un crecimiento leve de cuatro décimas.
Embudo administrativo
Desde los diferentes operadores de estaciones de carga para vehículos eléctricos se señala a la lentitud administrativa como el principal causante de las dificultades que están teniendo para hacer crecer esta infraestructura clave. Desde empresas como Iberdrola, Endesa X Way o Zunder se indica que, actualmente, cuentan con miles de puntos de carga listos para operar a falta de los permisos.
Así como los procesos han mejorado para los puntos lentos, en la carga rápida los requerimientos pueden llegar a oscilar entre los 12 y los 20 meses, según explican desde los operadores. Unos tiempos que no han conseguido acortarse pese a los requerimientos realizados desde la industria en los últimos meses.
Al entrar en juego las tres administraciones (municipal, autonómica y estatal) cada comunidad autónoma cuenta con procesos diferentes. Esta circunstancia está provocando un despliegue distinto dependiendo de las capacidades administrativas de cada región, lo que ha provocado que fabricantes y operadores de carga pidan la puesta en marcha de una ventanilla única para todo el territorio nacional.
Así las cosas, cuando se cumplen tres cuartas partes del año el problema del despliegue de la red de carga para el vehículo eléctrico en España sigue en la misma situación que a principio de año. Un problema que se está enquistando y cuyas consecuencias pueden afectar no sólo a los usuarios de la movilidad eléctrica sino al conjunto de la economía.