El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha recibido 647 propuestas durante el proceso de consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.

Este proceso comenzó en julio del año pasado y finalizó cuatro meses después (el 15 de noviembre), con ampliación de plazo incluida. Ahora el Mitma ha elaborado un informe resumen de las aportaciones. El Ministerio deja claro que el hecho de que estén presentes en él no implica, “en ningún caso”, una valoración más o menos favorable respecto a su posible incorporación en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Las asociaciones empresariales (149) y los ciudadanos (131) son los que más propuestas han presentado en esta consulta pública. También destacan las 109 aportadas por empresas o las 61 de Administraciones públicas. En el lado negativo, la universidad tan solo ha hecho 14 propuestas.

Para analizar los resultados, el Mitma ha dividido las casi 650 propuestas en cinco bloques temáticos: aspectos económicos (174); aspectos tecnológicos (97); aspectos medioambientales (106); gobernanza, competitividad y productividad (165); y aspectos sociales (105).

Dado que resultaría insufrible e inútil, muchas de estas propuestas no llegarán a ningún sitio, en Invertia hemos recopilado las más relevantes y singulares que sintetiza el informe publicado este jueves por el Ministerio.

Aspectos económicos

En el impulso de la movilidad sostenible, el parné es clave y así se lo han hecho notar al Ministerio. Muchas empresas y asociaciones empresariales proponen deducciones fiscales que favorezcan las inversiones encaminadas a la reducción de emisiones, descarbonización y renovación de flotas.

De la misma manera, hay quienes piden rebajas de IVA para compra de vehículos de movilidad personal y una fiscalidad verde de “quien contamina, paga”.

El pago por uso en las vías de gran capacidad es un debate abierto. El informe muestra la diversidad de opiniones existentes. Algunos colegios profesionales plantean la necesidad de encontrar mecanismos de financiación extrapresupuestaria para la red de autovías de alta capacidad del Estado, considerando que el pago por uso sería la fórmula más relevante y conveniente.

Algunas aportaciones plantean el pago por uso de infraestructuras, mientras otras la rechazan frontalmente o con matices (solo para vehículo privado motorizado, solo para extranjeros, etc.).

Los peajes urbanos para acceder a las ciudades, siguiendo el ejemplo de Londres, también tienen un hueco en el informe. Parece haber más consenso sobre su implantación, refleja el Mitma. En general, las propuestas a favor consideran que deben tenerse en cuenta las características del vehículo, su ocupación y/o el nivel de congestión y contaminación.

También hay propuestas para desarrollar aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, que faciliten la transferencia del usuario del vehículo privado al transporte público y al vehículo compartido para la entrada a las grandes ciudades. En este sentido, muchas propuestas coinciden en la necesidad de que la ley incida en las transformaciones urbanísticas futuras para conseguir una integración espacial de funciones (residencia, trabajo, educación, servicios y equipamientos) que minimice los desplazamientos necesarios de la población.

Para la movilidad sostenible no podía faltar, y es recurrente entre las propuestas presentadas, el desarrollo de infraestructuras de distribución y recarga de energías limpias (recarga eléctrica, hidrogeneras, incluso GNC y GNL).

Aspectos tecnológicos

La evolución de la movilidad sostenible va ligada al uso de la tecnología para facilitar el uso del transporte y reducir la contaminación. Así, se pide que la nueva ley apueste por la digitalización y modernización de los servicios de todos los modos de transporte, para mantener una estrategia innovadora que permita adaptarse a los cambios.

De la misma manera, solicitan el impulso de la ciberseguridad como garantía de protección y seguridad de las infraestructuras críticas y protección de los derechos de los usuarios de los nuevos desarrollos y tecnologías, en lo concerniente a protección y uso de datos personales.

Se repite también la exigencia de la estandarización de medios de pago digital en el estado, tanto de transporte público, coche compartido, puntos de recarga, préstamo de bicicletas, etc., así como la puesta en marcha en las ciudades de plataformas digitales que faciliten información del transporte público a los ciudadanos.

Aspectos medioambientales

Si hablamos de sostenibilidad, el medioambiente debe estar presente. La principal apuesta en este sentido para por priorizar el transporte público y hacerlo más sostenible (vehículos de bajas emisiones, flotas de autobuses eléctricos, ampliación de metro y cercanías ferroviario, …), reforzado con propuestas para restringir el uso del vehículo privado a motor (limitación de aparcamientos en superficie, peajes urbanos, implantación de ZBE, más espacios peatonalizados, etc.) e impulsar la intermodalidad urbana.

De la misma manera, el informe refleja un “claro” consenso en la necesidad de potenciar la incorporación de vehículos de bajas emisiones al parque y sustituir los más contaminantes, impulsando de forma decidida el despliegue de puntos de recarga y repostaje de combustibles alternativos.

Gobernanza

En el ámbito de la gobernanza, competitividad y productividad, desde las empresas y asociaciones empresariales se pide que la ley sirva para homogeneizar la normativa entre distintos territorios, así como la necesidad de establecer criterios comunes y homogéneos entre administraciones.

Diferentes asociaciones del taxi solicitan que la ley aborde una nueva regulación para el sector del taxi. Algunas proponen implantar la modalidad de taxi compartido (carpooling, pago por plaza). Otras empresas solicitan una definición clara de los servicios de movilidad compartida y que incluyan en ellos el alquiler de vehículos.

Aspectos sociales

La sensibilización y formación ocupan el quinto y último apartado en el que el Mitma ha repartido todas las propuestas recibidas. En este ámbito tienen cabida desde nuevas titulaciones para dotar al sector de personal especializado hasta campañas de sensibilización y formación.

Para finalizar, se recogen algunas propuestas sobre movilidad segura y para todos, enfocadas en personas con discapacidad para su accesibilidad universal y soluciones que mejoren el transporte público en zonas rurales.

Todas estas propuestas serán analizadas y tenidas en cuenta en el proceso de elaboración de la ley. El ministro del ramo, José Luis Ábalos, dijo el pasado 18 de enero en un acto en Extremadura que se llevará al consejo de ministros el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte en el primer trimestre del año. De momento, toca esperar.