Marcos Ondarra Javier Rosell

Las nevadas que ha dejado la borrasca Filomena han colapsado varias carreteras a lo largo y ancho de nuestro país. No sólo eso, en Madrid hemos visto cómo cientos de personas han quedado atrapadas en las vías a la espera de que llegaran las asistencias. Una situación recurrente cada vez que se producen grandes tormentas en España, y que vuelven a poner encima de la mesa la importancia que tiene el mantenimiento de carreteras, autopistas y autovías en nuestro país.  

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No es de extrañar que, de forma recurrente, surja la duda sobre la necesidad de peajes en las grandes carreteras españolas. Algo que no disgustaría a buena parte de los ciudadanos como demuestra la encuesta que hoy publica EL ESPAÑOL elaborada por Sociométrica. En ella se puede comprobar cómo el 44,3% considera que todos deberíamos pagar por el uso de las autovías para su mantenimiento y sufragar gasto social, frente a un 37,7% que defiende su gratuidad.

Tan sólo un 9,5% aboga porque las costeen "turistas y extranjeros", mientras que solo un 2,8% consideraría justo que lo pagaran transportistas y camioneros.

De implantarse ese pago por uso en las vías de alta capacidad, supondría un auténtico alivio para las arcas públicas. El mantenimiento anual de la Red de Carreteras del Estado cuesta unos 1.100 millones de euros (22.489 €/km), según fuentes del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) solicitó al Gobierno en 2019 que aumentara el presupuesto, al menos, hasta 1.300 millones por ejercicio. Un volumen de inversión que supone un 50% de lo que invierten países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

El abandono de nuestras carreteras ha provocado que el déficit de conservación acumulado asciende a 7.463 millones de euros como consecuencia de una escasa política de inversión en conservación y mantenimiento de nuestras carreteras. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) y la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) pusieron en relieve esta situación cuando presentaron en diciembre un plan de inversiones por valor de 100.428 millones de euros para la modernización de las infraestructuras en el país.

Por tanto, la última entrega de la macroencuesta 2021 que este periódico viene publicando en las últimas jornadas se hace eco de un debate que lleva tiempo en la palestra: el de implantar el pago por uso en todas las autovías para financiar su mantenimiento. Y es que en España, frente al resto de Europa, su uso en la mayoría de los casos es gratuito.

En la mesa del Mitma

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya tanteó la posibilidad de aplicar un peaje a estas vías en el I Simposio del Observatorio de la Movilidad de EL ESPAÑOL e Invertia. "Tenemos unas necesidades de conservación que hay que afrontar. Con el presupuesto actual no habría pie para hacer obra nueva si tenemos que pagar el mantenimiento de estas vías", sostuvo el ministro socialista en el acto celebrado el pasado mes de noviembre.

En el simposio, diversos representantes de la administración y del sector privado defendieron la necesidad de tarificar la utilización de las infraestructuras y así equiparar el modelo español al de la mayoría de socios comunitarios.

Y los españoles, tal y como demuestra el sondeo elaborado por Sociométrica, parecen ser mayoritariamente partidarios de esta medida. A excepción de los votantes de Vox, que abogan por que las vías de gran capacidad sigan siendo gratuitas.

Sólo Vox

Como en tantas otras cuestiones políticas y culturales, Vox se queda solo. Y es que los simpatizantes de Santiago Abascal son los únicos que defienden mayoritariamente la gratuidad de las autovías: un 46,3% frente a un 36,4% partidario de implantar el pago por uso.

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En el resto de partidos predominan los defensores de un modelo de pago para asegurar la conservación de las vías de gran capacidad. En este sentido, los liberales de Ciudadanos (Cs) son quienes apuestan más fuertemente por esta tesis (52,7%).

Por orden de mayor a menor adhesión a esta medida, siguen de cerca a Cs el Partido Popular (50,2%), PSOE (48,5%) y Unidas Podemos (43,5%). En el resto de formaciones, mayoritariamente regionalistas y nacionalistas, también ganan los partidarios del sistema actual de gratuidad (38,1%).

Fin de las concesiones

El problema de cómo costear el mantenimiento de las vías de alta capacidad en España llega en un momento en el que termina el plazo de importantes concesiones. Este año le toca el turno a tres tramos de la AP-7 (Montmeló-La Jonquera, Barcelona-Tarragona y Montmeló-Papiol) y uno de la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo) que totalizan 474,5 kilómetros, todos ellos gestionados por Acesa (Abertis). En su caso, el 31 de agosto de 2021 finaliza su concesión y el 1 de septiembre pasarán a la red pública estatal con circulación libre para los vehículos.

Antes de 2020, la decisión del Ejecutivo dejó en suspenso 552 kilómetros de peaje. En primer lugar, 84 kilómetros de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava) cuya concesión venció el 30 de noviembre de 2018. Por otro lado, el 31 de diciembre de 2019 finalizó el plazo de concesión de las autopistas AP-4 (entre Sevilla y Cádiz) y AP-7 (en el tramo Tarragona-Valencia-Alicante) gestionadas por la empresa concesionaria Aumar perteneciente al grupo Abertis y sumaban 468 kilómetros. A partir de esta fecha, ambas autopistas recuperaron la titularidad pública y pasaron a ser gestionadas por el entonces Ministerio de Fomento.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha celebrado que la eliminación de estos peajes durante 2021. A su entender, contribuirán redistribuir mejor el tráfico y supondrán un alivio económico para los transportistas de en torno a 1.900 euros anuales por vehículo. Actualmente España cuenta con 3.223 kilómetros de pago en 39 carreteras de su red viaria y que solo 21 provincias españolas están libres de vías de peaje.

Nuevos precios

El pasado 1 de enero también llegó la actualización de las tarifas de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, ha tomado esta medida debido fundamentalmente al crecimiento del índice de precios al consumo (IPC).

De ese modo, por Orden Ministerial, desde ese día a las tarifas de las autopistas dependientes del Estado se les aplica una rebaja del 0,11%, con carácter general, si bien, por la evolución de los tráficos respecto a los previstos, la reducción será del 0,08% en la autopista AP-66 Campomanes-León, AP-68 Bilbao-Zaragoza; AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y AP-7 La Jonquera-Tarragona.

Mapa de las actuales autopistas de peaje en España. Mitma

Sin embargo, tres autopistas han sido objeto de una subida de tarifas, dado que a las reducciones aplicadas hay que sumar subidas escalonadas previstas anteriormente para financiar costes relacionados con excesos de valoración de expropiaciones, ejecución de obras o financiación de bonificaciones de peaje. También para compensar la no aplicación de incrementos de tarifas inicialmente previstas por razones de interés público.

En concreto, en la AP-7 Alicante-Cartagena las tarifas subirán un 0,89%; en la autopista AP-9, un 0,92%; y, finalmente, en la autopista AP-6, Villalba-Adanero, un 0,74%. De esta manera, la AP-9, autopista que vertebra Galicia, será con este incremento la más cara de España. Viajar de Ferrol a Tui cuesta desde el 1 de enero 22,40 euros, veinte céntimos más que hasta el 31 de diciembre de 2020.

Diferencias en Europa

El Viejo Continente dispone de 61.782 km de vías de gran capacidad tarificada. En total, 23 países tienen el 100% de su red de pago, mientras que sólo Italia, Francia, Irlanda y España cuentan con parte de su red gratuita.

De todo este grupo, España es el país con menor porcentaje de tarificación de carreteras. De los más de 17.000 kilómetros de vías de alta capacidad españolas, sólo 3.307 son de pago. Tan sólo el 18%. En Italia el 86% de este tipo de vías son de pago. Un porcentaje que llega al 79% en el caso de Francia y al 38% en el de Irlanda.

Otro dato significativo es que el 73% de la red libre de pago de toda Europa se localiza en España. Ahora que el Estado tiene que enfrentarse al impacto económico derivado de la pandemia del coronavirus, un aumento de la recaudación en infraestructuras es percibida por los españoles -excepto los votantes de Vox- como una medida que ayudaría a la recuperación. Durante los próximos meses el Gobierno deberá tomar una decisión que tendrá un enorme impacto en la movilidad del país y en las cuestas del Estado.

Ficha técnica

Se han realizado 3.612 encuestas CAWI entre el 24 y el 30 de diciembre a través de la plataforma Gandia Integra (TESI). Las respuestas se ponderan por interacción de sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano y situación laboral respecto de censos INE. Para voto, se realiza una postponderación por recuerdo en las elecciones del 10-N. El estadístico de convergencia es del 97% para el total nacional (margen de error es <3%). Al no ser muestreo probabilístico, no proceden niveles de confianza. Las tablas cruzadas se realizan con paquete Barbwin (TESI). SocioMétrica es miembro de Insight Analytics.