El Ejecutivo comunitario había dado en enero dos meses a España para que terminase de transponer la directiva y el reglamento de requisitos de capital para la banca y las instituciones de crédito, que debería haberse introducido en la legislación nacional el 31 de diciembre de 2013.

Estas reglas fijan los colchones que las entidades deben crear frente a posibles pérdidas, e introducen normas de supervisión, de gestión de riesgos, remuneración o integridad de los directivos, entre otras.

Sin embargo, desde enero "España no ha comunicado las medidas que faltaban relacionadas con la Directiva en cuestión", dijo la Comisión en un comunicado.

En particular, indicó Bruselas, faltan las medidas relativas a determinadas competencias de las autoridades nacionales a cargo de las empresas de inversión y las que se refieren a la imposición de sanciones u otras medidas a las entidades responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, señala la CE, faltan mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento de los requisitos de capital por parte de las entidades, normas sobre la integridad e independencia de los directivos y la obligación de que las autoridades españolas se pongan en contacto con el supervisor europeo.

"Las normas relativas al gobierno corporativo son más débiles en España, dado que la obligación de contar con órganos de dirección de las entidades diversos y capacitados no se ha transpuesto", señaló por último el Ejecutivo comunitario.

La Comisión abrió el procedimiento de infracción a España por este motivo en enero de 2015.