Vicente Vallés vuelve a estar en el punto de mira de Moncloa. El presentador de Antena 3 Noticias señaló otra vez a Pedro Sánchez y a los que denominó "sus dos hombres de confianza". En esta oportunidad la carga fue contra el recientemente creado comité para controlar la desinformación, que deja en manos exclusivas del Gobierno el combate contra las fake news.

En una de sus mordaces e irónicas intervenciones, este jueves indicó que "el asunto es polémico, porque no siempre hay consenso sobre lo que es y no es falso. Y también es polémico porque el comité creado por Sánchez para establecer qué es y qué no es desinformación lo dirigen dos de sus hombres de confianza, su jefe de gabinete y su secretario de Comunicación".  

Vallés se refiere al jefe de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, cuyos organismos controlarán transversalmente todos los resortes de la estrategia gubernamental contra las campañas de desinformación.

"El Gobierno anuncia que un comité elegido por el presidente controlará las noticias falsas", concluyó Vallés en el informativo del jueves. Y no le falta razón. La principal función de este proyecto será controlar los diferentes canales de comunicación -incluyendo medios digitales y redes sociales- y buscar mecanismos de respuesta ante la propagación de fake news.

Mediante la articulación de diferentes procedimientos, con la participación transversal instituciones públicas y con varios niveles de acción, este plan identificará qué es -o no es- una fake news, evaluará si es una amenaza pública y posteriormente decidirá si hay que actuar para intentar suprimirla o si hay que emprender campañas de contrainformación para combatirlas.

Azote de Sánchez

En cualquier caso, las palabras de Vallés han vuelto a sentar muy mal en el Gobierno. Igual que la cobertura de Antena 3 a la información. De hecho, la cadena de Atresmedia y el informativo que coordina y presenta Vallés, dedicaron más tiempo a contar esta información que ninguna de las televisiones en abierto, llevando al gran público una situación que hasta ese momento solo había sido contada por la prensa digital. Y lo hizo el jueves y volvió a reiterarse el viernes, esta vez incluyendo unas polémicas declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Vicente Vallés lleva toda la pandemia criticando duramente al Gobierno, a Sánchez, a sus ministros y a Podemos. Nadie se ha salvado de sus editoriales en los que ha desnudado las inconsistencias y las contradicciones de la estrategia gubernamental.

Y nada ha cambiado este curso. Una situación que preocupa -y mucho- en la planta noble de la Presidencia de Gobierno. Vallés es incómodo. De hecho, el equipo de Sánchez considera además que es el último bastión de unas cadenas de televisión que prácticamente no critican al presidente. 

Las fuentes consultadas indican que si fuese por Moncloa, Vallés no presentaría el telediario y no saldría en antena. El problema es que para desgracia del presidente, el periodista se ha convertido en uno de los presentadores más seguidos, lo que le convierte en un profesional rentable e insustituible en su cadena.

Y el nuevo comentario crítico contra el comité de las fake news ha vuelto a demostrar el tirón de Vallés y su escasa sintonía con la fidelidad que pide Moncloa. En cualquier caso, el movimiento de Vallés solo es la punta de un iceberg de múltiples críticas contra la medida.

APM y FAPE

El Ministerio de la Presidencia publicó este jueves en el BOE el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. El plan -que se basa en las directrices de la UE- tiene como principal objetivo combatir las fake news y campañas de desinformación que busquen desestabilizar las instituciones o procesos electorales.

En este sentido, sorprende que en todos los resortes que incluye este plan esté presente el Gobierno y Moncloa, incluso por encima de los organismos de seguridad o inteligencia. De hecho, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está al mismo nivel de responsabilidad que otros organismos como la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial (SEDIA) o los gabinetes de comunicación de los diferentes ministerios.

Del mismo modo, el Ministerio de Defensa tendrá la misma influencia que el Ministerio de Asuntos Económicos, Presidencia de Gobierno, Interior o Asuntos Exteriores. En este sentido, la Secretaría de Estado de Comunicación (que depende directamente Presidencia y Moncloa) será quizás el órgano más importante en la lucha contra la desinformación, al mismo nivel del Consejo de Seguridad Nacional. 

Precisamente, la Asociación de Prensa de Madrid y la FAPE se han posicionado en contra del comité indicando que "el Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura". "Cualquier propuesta para luchar contra la desinformación es bienvenida y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se muestra totalmente de acuerdo con cualquier iniciativa en este sentido. Sin embargo, ponemos serios reparos a las herramientas anunciadas para esa lucha porque deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos".

"El riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad. Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos. La libertad de prensa, consagrada en la Constitución Española, es una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático", han indicado las asociaciones que representan el mayor número de periodistas en España.

Comisión de Arbitraje

De hecho, desde el entorno de las asociaciones de periodistas se indica que existe una Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, un organismo independiente destinado a combatir las fake news y la ética en los medios de comunicación. A esa Comisión han acudido instituciones y particulares e incluso existen tesis doctorales sobre sus resoluciones.

La preside Rafael de Mendizábal, el creador de la Audiencia Nacional y la componen, entre otros, el exdecano del Colegio de abogados, Luis Martí Mingarro o la periodista Carmen Pérez de Armiñán. Fuentes de la profesión consultadas por este diario indican que esta comisión garantiza una actuación independiente y profesional, la que complementada con la lucha contra los ciberataques por parte del CNI y los tribunales de justicia, garantizan perfectamente el control de las fake news.

Por su parte, la Asociación de Medios de la Información (AMI) que agrupa a los editores de los diarios españoles en papel indica que el “Procedimiento de actuación contra la desinformación” podría vulnerar el espíritu de la Constitución". 

"Este procedimiento podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el “derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Establecer niveles de activación que podrían llegar a la “toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional”, como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrían conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial", indican.

La Asociación de Medios de Información aclara que “en ningún momento” fue informada de la puesta en marcha de este procedimiento. Y concluye indicando que “la defensa de los derechos fundamentales debe producirse tal y como fueron concebidos en la Carta Magna”.