Iberdrola avisa a la justicia de EEUU que el bloqueo de Trump a su parque marino le cuesta dos millones al día

Estos son algunos de los argumentos que Iberdrola y su socio Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) han presentado ante un tribunal federal de Massachusetts en su demanda para intentar revertir la suspensión de su parque eólico marino estrella en EEUU, según documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Las compañías buscan anular la orden del gobierno de Donald Trump que suspende durante al menos 90 días las obras de la planta Vineyard Wind 1 por motivos de "seguridad nacional". Una decisión que califican de “arbitraria”, “caprichosa”, “contraria a la ley” y “sin precedentes”.

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El proyecto ya está completado en torno al 95% y genera parte de la energía prevista: 572 megavatios de los 800 MW planificados, distribuidos en 62 aerogeneradores.

La suspensión llegó en un momento en que sólo queda instalar las últimas palas y poner en servicio las turbinas restantes, por lo que la estrategia jurídica de Iberdrola es clave para poder garantizar que el proyecto se complete a tiempo y minimizar los impactos económicos.

Según el escrito, la paralización de las obras genera costes diarios de aproximadamente 2 millones de dólares, que incluyen tanto gastos directos (uso de los buques y los servicios de GE Vernova), como costes indirectos (pérdida de ingresos, intereses, sueldos del personal...).

Una suspensión de 90 días podría costar alrededor de 180 millones de dólares, sin financiación prevista para cubrirlo.

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Uno de los puntos centrales de la demanda es la fecha límite para finalizar las obras en alta mar, vinculada a los préstamos del proyecto: el 31 de marzo de 2026.

GE Vernova, encargada de fabricar e instalar los aerogeneradores, utiliza un buque altamente especializado, esencial para colocar las palas y completar la instalación de las turbinas.

Según los abogados de Iberdrola y CIP, el tiempo para usar este buque y obtener los permisos oficiales necesarios se limita a esa fecha, y cualquier retraso podría comprometer el acceso al barco y, por tanto, el proyecto.

La demanda también advierte que, si el parque no se finaliza antes del 31 de marzo, "los prestamistas podrían declarar incumplimiento, exigir pagos anticipados y ejecutar garantías", poniendo en riesgo la viabilidad financiera de Vineyard Wind.

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Además, recoge, no se podrían entregar los megavatios comprometidos a las distribuidoras de Massachusetts y al operador de la red ISO-New England, lo que afectaría la "confiabilidad del suministro eléctrico regional" y podría "perjudicar a los consumidores".

Con todo, Iberdrola dispone de margen. Podría movilizar otro buque y recursos offshore disponibles para avanzar.

Además, la compañía cuenta con mecanismos para reclamar retrasos a GE Vernova, responsable de la instalación de las turbinas. Por ejemplo, por demoras anteriores, derivadas de incidencias en el diseño de las palas.

Y los precios actuales del mercado eléctrico también le permitirían generar unos ingresos que cubrirían los previstos en los contratos a largo plazo (PPAs, por sus siglas en inglés).

Pese a contar con esta flexibilidad, la estrategia actual de Iberdrola es seguir trabajando para terminar el parque en plazo y generar ingresos, reduciendo así el impacto económico del retraso.

Esta es precisamente la intención de la demanda.

Una reunión frustrada

Fue el pasado 22 de diciembre cuando la agencia que supervisa los proyectos en alta mar en Estados Unidos (BOEM) suspendió durante 90 días las obras de Vineyard Wind, alegando motivos vagos de “seguridad nacional” sin dar detalles sobre la supuesta amenaza.

Vineyard Wind, la empresa conjunta de Iberdrola y CIP, solicitó de inmediato una reunión urgente con Matthew Giacona, subdirector de BOEM, para aclarar la situación y explorar posibles soluciones.

El encuentro se celebró el 30 de diciembre, con la participación de Giacona y otros funcionarios del Departamento del Interior. Sin embargo, según explica la demanda, "se negaron a identificar la supuesta amenaza a la seguridad nacional que plantea el proyecto o a discutir posibles medidas de mitigación".

En su escrito, las empresas recuerdan que las suspensiones sólo pueden aplicarse en casos de guerra o emergencia nacional, y siempre con compensación al promotor. En este caso, ninguna de estas condiciones se cumple.

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Además, señalan que la orden de la Administración estadounidense "no siguió los procedimientos habituales", que requieren aviso previo y suelen limitar las suspensiones a unos pocos días, por lo que consideran que la medida viola sus derechos y el marco legal vigente.

Vineyard Wind considera que la suspensión "viola la ley" e impide terminar el último tramo del proyecto.

La construcción del proyecto comenzó en 2021 siguiendo un plan aprobado por las autoridades federales tras años de revisión, análisis y participación pública.

Estas autorizaciones fueron impugnadas varias veces en los tribunales, con cuatro demandas que cuestionaban la legalidad del plan y los permisos.

En todos los casos, según recuerdan Iberdrola y CIP, los tribunales respaldaron a las agencias, confirmando que el proyecto cumplía con la ley, y estas decisiones fueron ratificadas posteriormente en apelación.

Por estas razones -y por las anteriores- Vineyard Wind defiende que "tiene derecho a obtener una declaración judicial y medidas cautelares", incluida "una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar que prohíban la aplicación de esta Orden ilegal", argumentan sus abogados.