Torre eléctrica.

Torre eléctrica. Europapress

Observatorio de la Energía

Las eléctricas afinan su pulso legal contra la CNMC por las redes con febrero en el horizonte

El sector está pendiente del informe clave del Consejo de Estado, que podría conocerse en los próximos días.

Más información: La CNMC confía en el blindaje legal de sus circulares para redes ante una guerra en los tribunales

Publicada

Las claves

Las grandes eléctricas preparan recursos legales contra la nueva retribución de redes impuesta por la CNMC, con plazo hasta finales de febrero.

Iberdrola y Endesa critican la tasa de retribución financiera del 6,58%, aunque difieren en el grado de oposición a la metodología del regulador.

El sector espera el informe del Consejo de Estado y el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica como base para sus argumentos jurídicos.

Existe preocupación en las eléctricas por el riesgo de que una revisión judicial pueda resultar en una tasa aún más baja debido a la presión política.

La batalla por las redes eléctricas abre ahora un nuevo capítulo en los tribunales. Las grandes compañías del sector preparan una ofensiva legal contra parte de la nueva retribución de redes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque con discrepancias sobre hasta dónde llevar el pulso.

Las compañías disponen de un plazo de dos meses desde la publicación oficial en el BOE para presentar recurso contencioso‑administrativo, lo que sitúa el límite práctico a finales de febrero.

Distintas fuentes del sector explican que las compañías seguirán adelante con la impugnación, pero subrayan que la decisión final podría variar según la estrategia de cada grupo.

La idea que se maneja actualmente es recurrir a través de la patronal eléctrica Aelec y también de forma individual.

En Iberdrola y Endesa existe un consenso de fondo en las críticas a la tasa de retribución financiera (TRF) del 6,58%, que consideran insuficiente para sostener el esfuerzo inversor que exigen las redes.

Sin embargo, la metodología final empleada por el regulador ha generado posiciones distintas entre las compañías. Iberdrola es, según estas fuentes, la más crítica, especialmente con el tratamiento del opex (costes operativos), al entender que la fórmula penaliza su estructura de costes.

Endesa mantiene una postura más favorable al diseño general de la tasa, aunque comparte reservas sobre algunos parámetros clave.

Las grandes eléctricas están ahora muy pendientes del informe clave del Consejo de Estado, que podría hacerse público en los próximos días.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que el dictamen será más extenso de lo habitual y que en él se apoyan buena parte de los argumentos jurídicos que preparan las compañías, en particular la posible invasión de competencias por parte de la CNMC.

Los expedientes y votos particulares críticos con la norma ya conocidos también serán determinantes para apuntalar la estrategia legal de los futuros recursos.

En la votación interna de Competencia, la Sala de Regulación registró una mayoría de votos en contra del diseño final, lo que el sector interpreta como una señal de división dentro del propio organismo y un elemento más para la narrativa jurídica.

Las eléctricas confían en que el informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) pueda respaldar parte de sus tesis y reforzar su defensa ante los tribunales.

El documento ministerial se ve como un apoyo para cuestionar tanto la retribución aprobada.

Pese al tono combativo, desde el sector admiten también que existe un riesgo de que el recurso pueda volverse en contra de las propias empresas.

Si los tribunales obligaran a rehacer la metodología o a reabrir el marco regulatorio, el resultado podría ser una nueva tasa incluso más baja que la actual, en un contexto de presión política sobre los costes de la factura eléctrica.

Las eléctricas tienen hasta febrero para decidir si formalizan ante el juzgado el recurso que hoy contemplan o si, finalmente, optan por asumir el nuevo marco retributivo y dejar la batalla en el terreno político y regulatorio.