La CNMC apuesta por adaptar la retribución a las eléctricas a las objeciones del Consejo de Estado y mantenerla en el 6,58%

De entrada, las dos normas sobre transporte (alta tensión), que afectan sobre todo a Red Eléctrica, se van a subsumir en una sola, de forma que se facilita su aprobación por los consejeros, aseguran fuentes empresariales cercanas al proceso. 

Quedan por incorporar las matizaciones jurídicas recogidas por el Consejo sobre la nueva metodología de cálculo para las inversiones de las distribuidoras (mayoristas), que afectan sobre todo a las grandes eléctricas. El punto final lo pondrá la tasa de retribución del 6,58% sobre el capital invertido. Un texto que el organismo consultivo 'ha tumbado', según interpretan fuentes del sector energético con sus objeciones. 

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Fuentes conocedoras de la situación aseguran que la intención dela presidenta de la institución, Cani Fernández, es aprobar la tasa y la nueva metodología prevista con los matices necesarios, antes de que acabe el año.

Las dudas legales reflejadas en el informe surgen por la posibilidad de que la CNMC se exceda en sus competencias, si de esa nueva metodología se deriva una limitación de las inversiones de las compañías. Se supone que eso es algo que solo puede hacer el Ministerio.

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De otro lado, se advierte sobre algunos incentivos condicionados a un aumento de la demanda. Eso es una situación nueva del mercado que genera incertidumbre a la hora de estimar la inversión que se retribuye.

Desde el punto de vista técnico, se trata de un documento muy similar al que en su día planteó el Ministerio de Transición Ecológica, incluso con menos salvedades. No se pone en duda la cifra concreta del 6,58% como retribución y se aboga por cambiar la metodología, con esos matices.

Durante la próxima semana están abiertas un par de opciones para celebrar plenos de la CNMC en los que se pueda discutir y votar todo lo que queda pendiente. Incluso se han habilitado para ello el 29 y 30 de diciembre, como fecha límite.

El tiempo está muy limitado como para echarlo todo para atrás y abrir un nuevo periodo de audiencias con esas modificaciones solventadas. La opción que cabe es someter al pleno su aprobación con los matices necesarios para disolver esas dudas. 

Esa es la opción que baraja la CNMC, que busca a toda costa evitar que las circulares no puedan aprobarse y tengan que prorrogarse los criterios de remuneración que hay vigentes en este momento. 

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En Competencia se busca hacer los cambios 'justos' para adaptar las normas al dictamen del Consejo de Estado de la manera más simple. Se busca evitar lo que técnicamente se denomina un "cambio esencial", que obligaría a volver a sacar los proyectos a audiencia pública. Algo para lo que no hay tiempo dado que el 31 de diciembre tiene que estar todo listo o se va a prórroga del modelo actual. 

Frente a ello, los servicios jurídicos de las grandes energéticas saben que ese planteamiento del Consejo, si se considera que hay que hacer un cambio esencial, es un asidero legal muy fuerte para ir a los tribunales contra la CNMV más adelante. Aunque el documento del Consejo no sea preceptivo para la aprobación.

Si no se lograra sacar adelante alguna circular en los plenos de la CNMC, donde hay algunos consejeros discordantes con el planteamiento que defiende Cani Fernández, esa norma decaería y seguiría vigente durante seis años más la situación actual.

Votación ajustada

Puede haber hasta tres o cuatro plenos más en los próximos diez días para solventar la situación y ponerse de acuerdo. De los diez miembros que conforman la mesa, al menos tres han mostrado ya su rechazo, antes incluso del informe del Consejo de Estado.

Son posturas muy alineadas con las grandes eléctricas, que también han sabido ejercer su presión en busca de una mayor retribución a sus inversiones. Desde el sector se advierte que una mayoría de seis a cuatro presenta un escenario muy ajustado.

Incluso, no puede descartarse que haya movimientos para forzar el cambio de posición de algún consejero y que pueda producirse un empate a 5. 

En cualquier caso, todas las dudas y votos particulares que se planteen ahora van a ser utilizados por las compañías que decidan demandar el sistema por entender que no reciben la suficiente remuneración o garantía.

Desde la CNMC se ha defendido la garantía que da obtener esa rentabilidad de retorno fija durante seis años, frente a otros países europeos que la llevan hasta el 7%, pero que sólo lo fijan para dos años y luego se revisa.

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En el caso portugués, por ejemplo, se ha establecido una tasa de retribución del 6,7%, algo por encima de la española, que puede atraer más inversores. No obstante, solo la diferencia en la prima de riesgo del país vecino hace que la opción española compense más, advierten fuentes financieras.

El problema que se presenta y sobre el que han hecho hincapié las eléctricas y ha secundado el Consejo de Estado es la incertidumbre que se crea con un sistema completamente renovado del cálculo de las inversiones a incluir en esa retribución.

Siempre se han utilizado los costes operativos y los costes de explotación, con cuentas por separado en las que se incluían gastos a veces estimados dos veces, cuya comprobación hasta el más mínimo detalle caía en los técnicos de la CNMC.

Con el cambio del sector hacia la electrificación y la planificación del mercado en virtud de la demanda que se genere en el país, desde la CNMC se pretende unificar ese modelo en uno integral, que tenga en cuenta de una vez todos los costes en que incurre la distribución.

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Se valoran además criterios de innovación y eficacia en el uso de las redes existentes para mejorar ese retorno del capital según los casos. Y se evita en muchas ocasiones la repetición de facturas que entorpecía todas las revisiones.

Eso obliga a las grandes mayoristas a renovar por completo el modelo que habían consolidado durante mucho tiempo, aunque en cada caso puede ser diferente.

Desde algunas eléctricas se han mostrado menos reticencias a ese cambio metodológico a medida que se han ido conociendo las ventajas que puede suponer para retribuir más inversiones y valorar el riesgo en el que se incurre en esas operaciones.

Otras compañías lo ven más farragoso y apuestan por plantear una batalla jurídica en caso de que se apruebe en el pleno de la CNMC tal cual está planteado.

Como garantía para esa litigiosidad contarán con la argumentación del Consejo de Estado, que advierte en su informe de los "cambios esenciales" que plantea la nueva metodología del cálculo.