La aprobación de las medidas urgentes para evitar apagones alentará a las comercializadoras a subir las tarifas fijas

Muchas comercializadoras han asumido los gastos extra de la operación reforzada aplicada por Red Eléctrica, el operador del sistema, con una mayor participación de los ciclos combinados (gas).

Sin embargo, la aprobación de las medidas urgentes que solicitó REE a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la pasada semana, y que serán publicadas en el BOE lo más pronto posible, abrirá la puerta a un incremento en la factura.

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"El reconocimiento explícito por el regulador de que los cambios de POs conllevarán un incremento en el coste de la electricidad les proporciona a las comercializadoras la base jurídica de la que carecían ante el incremento de costes que estaban experimentando como consecuencia de la operación reforzada, señala Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero.

"Los contratos de electricidad incluyen, salvo ciertas excepciones, cláusulas que permiten su revisión o cancelación ante cambios en la regulación que les afecten", apunta.

"Hay comercializadoras independientes que han estado trabajando bajo unos márgenes muy ajustados e incluso con precios por debajo del coste con el aumento de las restricciones técnicas por parte de REE", explica a EL ESPAÑOL-Invertia, Sandra Salinas, responsable del Departamento de Operación de la comercializadora Evolve Energía.

"Por ejemplo, el año pasado de media el precio de la electricidad estaba en los 12 o 13 euros/MWh y en 2025, en lo que va de año, ya estamos en los 17 euros/MWh, los que calcularan por debajo a la hora de ofrecer tarifas planas, porque querían arriesgar para conseguir más clientes, ahora están asfixiados".

Con un mes de antelación

"La subida tras la aprobación de las nuevas medidas es algo que habrá que analizar, pero debería ser así, aunque al final no se sabe quiénes han sido los responsables del apagón", explican a este diario fuentes de las grandes comercializadoras.

"Lo que está claro es que las consecuencias, de momento, las asumimos las comercializadoras que seguro no tuvimos ninguna responsabilidad", subrayan.

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El problema es cómo se separa, a la hora de ajustar la factura de la luz, lo que corresponde a un mayor uso de las restricciones técnicas desde mayo y lo que corresponde a las nuevas medidas que entren en vigor en las próximas semanas.

"¿Cómo separas ambos conceptos?", incide Javier Colón, CEO de la consultora energética Neuro Energía.

"Además, teniendo en cuenta que en invierno estos costes pueden relajarse al bajar la producción fotovoltaica y aumentar la demanda por la calefacción, puede haber un motivo por el que tendrán que estar más cara la luz, que es como estará, el tema es justificar cuánto", puntualiza.

La CNMC reforzó en junio pasado el control sobre las comercializadoras tras el apagón, prohibiéndoles modificar precios en contratos con tarifa fija o plana si el derecho de información al consumidor no se cumple correctamente, es decir, sin previo aviso.

Sandra Salinas así lo confirma: "Si avisas con un mes de antelación a tu cliente, tanto sea de tarifa fija o cualquier otro contrato -los indexados a mercado ya se van ajustando mes a mes-, no hay ningún control que te impida subir el precio de la luz".

Una vez informado, "puede decidir quedarse o buscarse otra comercializadora, pero es una práctica que ya se hace con normalidad cuando hay cambios bruscos e inesperados como ocurrió con el apagón", concluye.

"Test de estrés"

Estos posibles cambios en la factura de la luz coinciden en el tiempo con la publicación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de la consulta pública previa para la transposición de la Directiva (UE) 2024/1711.

El objetivo, entre otros, es evitar que la cobertura realizada por las comercializadoras (al precio que compran y venden) no sea suficiente y puedan comprometer su viabilidad económica frente a una escalada imprevista de los precios de la electricidad, como ya ocurrió durante la crisis energética de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania.

Es lo que se conoce como “test de estrés”. El objetivo es identificar las vulnerabilidades o fortalezas de las comercializadoras frente a incrementos sustanciales del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Estas fórmulas de supervisión no sólo ofrecen mayor transparencia a todos los agentes del sector eléctrico, sino que también permiten identificar a las propias empresas afectadas áreas de mejora para reforzar su solvencia y robustez ante las incertidumbres de mercado, según señala el MITECO.

El plazo para presentar documentación y alegaciones comenzó este lunes, 13 de octubre y durará hasta el próximo lunes, 27 de octubre.