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España recurre al Supremo de EEUU para evitar la ejecución de laudos renovables y alerta de un riesgo diplomático
El Gobierno quiere esquivar un 'golpe' de 357,9 M por el recorte de las primas renovables ante la Corte, cuyo fallo se conocerá en los próximos meses.
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España presiona al Tribunal Supremo de Estados Unidos en su batalla contra los arbitrajes internacionales por el recorte de las primas a las renovables.
El Gobierno español insiste en sus reclamaciones al Tribunal Supremo, cuyo pronunciamiento podría conocerse en los próximos meses, para que anule la sentencia de 2024 del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Una sentencia que avaló la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, abriendo la puerta a ejecutar laudos arbitrales en Estados Unidos de 416,8 millones de dólares (357,9 millones de euros) en contra de España y a favor de NextEra, 9REN y Blasket Renewable Investments.
En un escrito presentado el 2 de septiembre, en respuesta a los contraargumentos de los fondos —que piden que se mantenga el fallo del tribunal de Columbia—, España sostiene que la decisión de la Corte “excedió sus limitaciones jurisdiccionales” y advierte que mantenerla “generará la fricción que la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras fue diseñada para evitar”.
España defiende ante el Supremo dos cuestiones esenciales. Primero, que ningún tribunal estadounidense debería asumir jurisdicción sin confirmar expresamente el consentimiento del Estado al arbitraje con el inversor.
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Segundo, que la doctrina del forum non conveniens (que permite trasladar un litigio a un tribunal más adecuado, como los europeos) debe aplicarse también en la ejecución de laudos arbitrales.
Negar esta opción, según argumenta España, “promueve el forum shopping” (es decir, que los inversores busquen tribunales favorables fuera de su país) “y somete a los soberanos a obligaciones inconsistentes”.
El Gobierno español sostiene en el nuevo escrito que limitar estrictamente la excepción arbitral -es decir, permitir que se ejecute un laudo sin el consentimiento previo del Estado- "tendrá consecuencias diplomáticas y políticas reales”.
Por ello, subraya que es imprescindible que el Tribunal Supremo tenga la última palabra sobre si un Estado puede ser obligado a cumplir un laudo arbitral en Estados Unidos sin su acuerdo previo.
El documento recuerda además que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como la Comisión Europea han establecido que los arbitrajes amparados en el Tratado de la Carta de la Energía no son válidos entre inversores y Estados miembros de la Unión, lo que hace que esos laudos sean inejecutables en Europa.
Origen de los laudos
El origen de los laudos renovables en España se remonta a principios de los 2000, cuando el Gobierno introdujo incentivos para atraer inversores, lo que impulsó la expansión de la industria solar.
Más de 66.000 familias y empresas comprometieron 65.000 millones de euros para alcanzar el objetivo de la UE del 20% de energía renovable en 2010.
Sin embargo, la crisis económica de finales de la primera década llevó a España a modificar sus políticas energéticas, reduciendo tarifas, introduciendo impuestos y limitando la producción renovable.
Como parte de sus medidas de austeridad y durante el primer mandato de Mariano Rajoy, España implementó una serie de cambios regulatorios que impactaron negativamente a los inversores en energía solar.
Estos cambios, retroactivos, provocaron demandas por parte de los inversores, alegando que España violó acuerdos internacionales de inversión.
España cuenta actualmente con un total 26 sentencias firmes en contra y más de 1.400 millones de euros en laudos impagados, cifra que asciende a 1.870 millones de dólares si se incluyen los intereses y gastos judiciales.
