La guerra contra el fraude de hidrocarburos se endurece tras la trama Aldama: una veintena de expulsiones y control récord

Aunque estas prácticas ya habían cobrado gran protagonismo mediático en 2024, la imputación en octubre de Víctor de Aldama (empresario vinculado a la trama Koldo) y su presunta implicación en un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos marcaron un punto de inflexión.

Desde entonces, las autoridades han redoblado sus esfuerzos para cerrar el paso a los operadores pirata y sanear un mercado afectado por múltiples irregularidades.

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El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, ha expulsado de forma definitiva en este tiempo a más de una veintena de grandes operadores mayoristas por infracciones graves en el desarrollo de su actividad.

Un total de 19 inhabilitaciones se han producido en 2025, lo que se suma a otras 5 en 2024. Entre los grupos vetados destaca precisamente Villafuel, epicentro del escándalo que destapó la presunta trama corrupta vinculada a Víctor de Aldama.

Junto a esta sociedad, también han sido inhabilitadas este año compañías como Bio-zenite Energy, Vertix Petroleum, Metaway Combustibles o Mercapetrol, que además aparecen en la última lista de grandes morosos publicada por la Agencia Tributaria.

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La estrategia de limpieza del sector no se ha detenido ahí. El pasado mes de julio, Transición Ecológica impuso la inhabilitación temporal a otros cuatro grupos. Una medida que se perfila como el paso previo a sanciones definitivas si las irregularidades detectadas no son subsanadas.

La ofensiva del Gobierno se ha visto reforzada por una vigilancia mucho más estricta por parte de la CNMC. Hasta julio, el organismo que preside Cani Fernández ha recibido y analizado 1.013 documentos remitidos por compañías logísticas, obligadas por ley a facilitar todos los contratos suscritos con sus clientes y la documentación asociada.

Gracias a esta información, la CNMC puede monitorizar en detalle las transacciones del mercado, detectar prácticas irregulares a lo largo de la cadena de suministro y garantizar mayor transparencia en el acceso a los terminales.

Si se mantiene este ritmo, 2025 podría cerrar con un nuevo máximo histórico en volumen de documentación supervisada, según los datos publicados de esta semana por el propio regulador. Y es que en 2024, que ya supuso un récord en términos de vigilancia, se revisaron un total de 1.539 expedientes.

Los retrasos de Hacienda

Pese a los avances en control y supervisión, el frente fiscal sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque el Ministerio de Hacienda anunció en diciembre de 2024 una ambiciosa reforma normativa para combatir el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, su aplicación continúa a la espera.

En abril, la Agencia Tributaria abrió una consulta pública previa con el objetivo de aprobar tres órdenes ministeriales clave, diseñadas para reforzar el control fiscal sobre las operaciones del sector.

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El sector preveía que el nuevo marco legal entrase en vigor en septiembre, pero a día de hoy no se espera hasta finales de 2025.

Uno de los pilares centrales de la reforma es la exigencia de garantías fiscales -como avales o pagos anticipados- para asegurar el ingreso efectivo del IVA en las entregas de hidrocarburos. De esta obligación quedarían exentos únicamente los operadores registrados como fiables ante la Administración.

Con esta medida, el Gobierno busca cerrar la principal vía de fraude en el sector: la retirada de carburantes desde depósitos fiscales por parte de empresas interpuestas que actúan como meros vehículos para comercializar el producto sin declarar el impuesto correspondiente.

Cabe recordar que el fraude del IVA en hidrocarburos ha supuesto un quebranto de unos 1.200 millones de euros para Hacienda sólo en 2024.