Enagás se apunta la factura del proyecto Castor y prevé cobrar 176 millones por su gestión y desmantelamiento

El operador del sistema gasista prevé cobrar 176 millones de euros por gestionar durante una década el almacén de gas inactivo y por su desmantelamiento, que ha iniciado este año.

El proyecto Castor, impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, nació como una infraestructura estratégica para reforzar el sistema gasista español. Construido sobre un antiguo yacimiento de Shell frente a la costa de Castellón, pretendía ser un gran almacén subterráneo de gas natural.

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Empezó a funcionar en el año 2012. Sin embargo, las inyecciones de gas provocaron más de 400 seísmos en 2013, generando alarma social y obligando a suspender la actividad apenas un año después de su inauguración.

Con una inversión que se triplicó respecto al presupuesto inicial -hasta superar los 1.700 millones de euros- el Estado asumió el proyecto tras la renuncia en 2014 de la empresa concesionaria, participada por ACS y su socio Dundee.

Además, el Estado tuvo que abonar una indemnización de 1.460 millones a las concesionarias, cargada a la factura del gas de los consumidores

Desde abril de 2014, las instalaciones del Castor permanecen en hibernación técnica. En 2019, el Gobierno decidió dejar de mantener el almacén parado y aprobó su desmantelamiento por fases, encargando a Enagás Transporte, filial de Enagás, la gestión del proceso.

La compañía también debía garantizar el mantenimiento seguro y operativo de las instalaciones hasta concluir el desmantelamiento, que ha arrancado este mismo año.

Ahora bien, en 2018 el Tribunal Supremo anuló varias normas que regulaban cómo debía remunerarse a Enagás por gestionar el almacén Castor. Ante esta situación, el operador gasista reclamó responsabilidad patrimonial al Ministerio para la Transición Ecológica, en busca de un nuevo mecanismo para cobrar por las tareas que sigue realizando.

En su reclamación, Enagás Transporte pidió a Transición Ecológica ser compensada por los perjuicios sufridos al gestionar las instalaciones del Castor, recuperar los costes ya asumidos y garantizar que podrá ser indemnizada por posibles daños futuros derivados de esas tareas.

Al no recibir respuesta (lo que se considera un "silencio administrativo"), la empresa llevó el caso a la vía contencioso-administrativa. El proceso sigue abierto y actualmente se encuentra en fase de dictado de sentencia por parte del Tribunal Supremo, cuya resolución se conocerá previsiblemente a finales de este año.

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Mientras tanto, Enagás anticipa una resolución favorable, pues ha anotado en su balance semestral una cuenta pendiente de cobro por valor de 176 millones de euros, correspondiente a su derecho a ser remunerado por la gestión y el desmantelamiento del fallido almacén de gas.

Y es que este litigio tiene un antecedente en el capítulo judicial que ya supuso, en 2020, el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo del derecho de Banco Santander, CaixaBank y Bankia a recuperar 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar la indemnización a ACS y Dundee.

El Gobierno de Mariano Rajoy se había comprometido a devolver ese importe en 30 años, aunque el coste iba a ser asumido por los consumidores a través del recibo del gas.

Los bancos recurrieron al Supremo después de que el Ejecutivo ignorara su "reclamación de responsabilidad del Estado legislador", argumentando que el mecanismo que permitía a las entidades financieras recuperar su dinero fue anulado por una sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, al igual que ocurrió con Enagás.

El Supremo acabó estimando parcialmente su recurso y reconoció su derecho a ser indemnizados por el Estado con 1.350 millones de euros.