El decreto ‘anti-apagones’, en el aire: Moncloa da por hecho que ni Podemos ni PP darán su apoyo a finales de julio

Según ha podido saber este diario de fuentes gubernamentales, no cuentan, por el momento, con el apoyo de Podemos, ni tampoco esperan al PP. Eso sí, aseguran que seguirán trabajando para alcanzar la mayoría suficiente que permita sacar adelante una normativa que tiene el respaldo casi unánime del sector.

"Las renovables se están movilizando con los grupos políticos para intentar que haya el apoyo suficiente, porque la verdad es que las medidas son muy necesarias y el riesgo de que no salga es real", señalan fuentes del sector energético a EL ESPAÑOL-Invertia.

[Así es el plan 'anti apagones' del Gobierno: agilizar el desarrollo renovable o lanzar las subastas para las baterías]

Por eso, "no se descarta que haya algún tipo de vía por parte de los populares", añaden.

A lo que desde el grupo parlamentario señalan a este diario que "todavía queda tiempo hasta el 22 de julio", el día que se llevará a Pleno para su votación.

Medidas que decaen

Esas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico abarcan muchos sectores industriales y afectan a la inversión y al modo de operar de los desarrolladores de proyectos.

Por ejemplo, si no se aprueba, dejaría en el aire la integración de renovables no gestionables, al no aprobarse la declaración de utilidad pública del almacenamiento y la simplificación de trámites para hibridaciones. Así como la ampliación del autoconsumo compartido hasta 5 km, que permitiría el desarrollo de comunidades energéticas.

"No hay ningún derecho concedido de las medidas del RDL salvo que se haga antes del día de la votación".

Juan Martínez Calvo, abogado en Simmons & Simmons.

Otras medidas, como las modificaciones técnicas para controlar la tensión de la red eléctrica, el apoyo a la industria electrointensiva, estableciendo una reducción del 80% en los peajes de acceso a las redes, la electrificación industrial o el impulso de los puntos de recarga de vehículos eléctricos se congelarían a la espera de mejores tiempos.

Y además, se estancaría la repotenciación de instalaciones renovables que supongan un aumento de potencia inferior al 25%, o ya no se cambiaría el orden de prioridad de despacho, que otorgaría preferencia a las instalaciones hibridadas con almacenamiento y tecnologías renovables.

Qué ocurrirá antes del 24 de julio

El Congreso de los Diputados deberá decidir qué hacer con el RD Ley 7/2025 la última semana de julio. Cuando el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-ley, este debe ser sometido a debate y votación en el Parlamento en un plazo máximo de 30 días naturales desde su promulgación.

Se espera que la votación se realice el próximo martes 22 de julio y se pueden abrir tres escenarios.

La Alianza España Verde y Conectada apoya la ley anti apagón del Gobierno pero urge a su convalidación en el Congreso

"Cuando se vote (esto está recogido en el artículo 86 de la Constitución, que es muy claro) pueden darse tres resultados", explica a este diario Juan Martínez Calvo, abogado especializado en el sector energético y socio en Simmons & Simmons.

"Uno, que se convalide y sea válido con todos sus efectos desde que se aprobó por el Consejo de Ministros. Dos, que no se convalide, entonces se deroga. No tiene efectos a partir del día de la derogación", continúa.

"Y tres, que se vote para que se tramite como proyecto de Ley (es habitual para negociar cambios). De ser así, el RDL estará en vigor a expensas de cambios que pueda introducir la posterior ley".

"Si se tramita como proyecto de ley, no genera efecto alguno hasta que se apruebe la ley. Pero si no se convalida no hay ningún derecho concedido, salvo que se haga antes de ese día", puntualiza el jurista de Simmons & Simmons.

Para Ignacio Blanco, director del área Mercantil de Andersen en la oficina de Madrid, "la vigencia y validez de las relaciones jurídicas que nacen en el periodo de tiempo que va desde la aprobación del Real Decreto-ley hasta su derogación son controvertidas, existiendo posiciones doctrinales opuestas".

Y puntualiza que "salvo mejor criterio, entiendo que los argumentos para defender su vigencia son de más peso".

Limbo legal con la eólica gallega

Este Real Decreto-ley es especialmente clave en Galicia. Introduce varias medidas que afectan directamente al desarrollo de proyectos eólicos en esta comunidad autónoma, en un contexto de parálisis y litigiosidad que ha impactado especialmente allí.

Establece que, en caso de paralización cautelar (judicial o administrativa) de un proyecto eólico, se suspende el cómputo de los plazos para el cumplimiento de los hitos administrativos exigidos para mantener los permisos de acceso y conexión a la red.

[El sector eólico advierte que la inseguridad jurídica en Galicia pone en riesgo inversiones de 10.500 millones]

Antes del RDL 7/2025, estos plazos seguían corriendo aunque el proyecto estuviera paralizado, lo que ponía en riesgo inversiones y permisos. Ahora, el “reloj” se ha detenido mientras dure la suspensión, protegiendo a los promotores frente a la pérdida de derechos adquiridos.

"A no ser que los desarrolladores pidan que se prorrogue amparándose en el RDL y la Xunta diera la prórroga antes de votarse en el Congreso, podría entenderse que es un derecho concedido, pero en realidad si no sale adelante, también decaería", concluye el letrado Juan Martínez Calvo de Simmons & Simmons.