El Gobierno aprueba el ‘plan antiapagones’ que endurece el control de la red y amplía la labor supervisora de la CNMC

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha detallado este martes un amplio paquete de medidas orientadas a reforzar la vigilancia del sistema eléctrico y facilitar la transición energética con un impulso al almacenamiento energético y la electrificación.

El paquete de medidas aprobado en torno a tres grandes ejes: control de tensión y supervisión del sistema, almacenamiento y flexibilidad, y electrificación de la economía.

La CNMC advierte de que podrá imponer inhabilitaciones y exigir indemnizaciones al sistema eléctrico por el apagón

En primer lugar, Aagesen ha anunciado un refuerzo de la supervisión y el control de tensión, con una batería de acciones técnicas y regulatorias. Se amplía con ella la función de supervisión del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A este respecto, el organismo regulador tendrá seis meses para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio, y elaborar el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses.

Además, en un plazo de 12 meses llevará a cabo un plan de inspección de todas las capacidades de reposición del sistema. Y, después de esos 12 meses, habrá un sistema de inspección de estos elementos cada tres años.

En paralelo, Red Eléctrica (REE) deberá presentar cada tres meses propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema.

El misterio de las "oscilaciones fuertes de la red eléctrica": cómo se producen y por qué no se dice qué las causó el día del apagón

También se le encomienda el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes.

Estas propuestas técnicas deberán estar listas en plazos de tres a 15 meses. Las reformas normativas subsiguientes deben estar aprobadas en menos de seis meses. Red Eléctrica así mismo incorporará a sus funciones la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales -siempre respetando la confidencialidad de la información personal- para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad.

Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras.

Según Aagesen, el decreto antiapagones también clarifica las responsabilidades de todos los actores involucrados en las redes mancomunadas, estableciendo de manera precisa el reparto de funciones y obligaciones entre cada agente.

Almacenamiento

El segundo gran eje abordado por Aagesen ha sido el del almacenamiento y la flexibilidad del sistema eléctrico.

El nuevo Real Decreto-ley introduce medidas innovadoras para agilizar la tramitación de proyectos de almacenamiento, especialmente en instalaciones híbridas, otorgando prioridad de despacho a tecnologías como la termosolar.

En cuanto a la flexibilidad, se desarrollarán procedimientos para alcanzar los objetivos nacionales, así como nuevas figuras clave como el agregador independiente, que permitirá a la generación distribuida participar en los mercados eléctricos, y el gestor del autoconsumo, que facilitará la gestión para los autoconsumidores colectivos.

Finalmente, Aagesen ha subrayado la importancia de avanzar en la electrificación de la economía, especialmente en los sectores del transporte y la industria.

Advertencia de la CNMC a las eléctricas: los costes del 'escudo antiapagones' no se pueden trasladar a los contratos fijos

Se ha iniciado un nuevo ciclo de planificación eléctrica con horizonte 2030, centrado en la descarbonización industrial y en la consolidación de la cadena de valor del sector.

La planificación se revisará cada tres años, con modificaciones puntuales cada dos. En las próximas semanas, comenzarán las reuniones trilaterales entre el Gobierno, REE y las comunidades autónomas para alinear prioridades.

Para profundizar en el proceso de electrificación de la economía y agilizar la adaptación de la infraestructura eléctrica a las necesidades del tejido productivo, cada tres años se revisará la planificación de la red de transporte en vigor, lo que iniciará un nuevo ciclo de planificación sexenal, y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años.

En la línea de medidas de electrificación, al objeto de fomentar el autoconsumo, la distancia máxima entre la generación y el consumo aumenta a 5 Km para instalaciones menores de 5 MW y se flexibilizan las tipologías.

Se favorece también la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.

La tramitación de los proyectos de renovables también se modifica, para facilitar su ejecución, evitar costes derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones. Y se fomenta la renovación de instalaciones de generación –su repotenciación–, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.

Sara Aagesen también ha destacado la dotación de 900 millones de euros para la red de transporte, la limitación de usos de acceso a la alta tensión para evitar la especulación (por ejemplo, en el caso de centros de datos), y la aprobación de 600 millones en compensaciones por costes indirectos de CO2.

Además, el decreto incorpora la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero.

También se han aprobado 377 millones de euros para proyectos de hidrógeno verde. En los próximos días, se aprobarán 500 millones de euros en ayudas a la eficiencia energética, de los cuales 200 millones se destinarán al sector terciario y 300 millones a la industria.

Otras medidas destacadas son el impulso a las infraestructuras de recarga para movilidad eléctrica y la eliminación de barreras a las calderas eléctricas.