
Vista de la Torre Cepsa, también conocida como Torre Foster.
El juez ordena la captura de Al Qubaisi, expresidente de Cepsa, por blanqueo y fraude fiscal en la venta de la Torre Foster
La Audiencia Nacional propone que el Estado sea el "destinatario final" de más de 34 millones de euros bloqueados por empresas vinculadas a Al Qubaisi.
El juez reconoce que la colaboración solicitada a Emiratos Árabes, como viene siendo habitual, "ha brillado por su ausencia".
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi.
Este jeque, de origen emiratí, encabezó la compañía entre agosto de 2011 y abril de 2015.
Actualmente, está investigado por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal en relación con la venta de la Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa y situada en el Paseo de la Castellana 259 (Madrid), en la zona de las Cuatro Torres.
En un auto fechado este lunes, Calama también plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a dos sociedades vinculadas a Al Qubaisi. También, de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de 17 cuadros incautados por la Audiencia Nacional.
Igualmente, el juez solicita al Ministerio Público que se pronuncie sobre la posibilidad de emitir órdenes europeas e internacionales de detención para este investigado, que está en paradero desconocido desde hace meses.
En su resolución, Calama relata el proceso de compraventa de la Torre Foster en 2016, que le reportó a Al Qubaisi un beneficio de casi 100 millones de euros.
El juez describe la operativa creada por éste, a través de sociedades instrumentales, para, supuestamente, blanquear, mediante la compraventa, millones de euros que habrían sido obtenidos ilícitamente fuera de España, así como para evadir después las ganancias obtenidas por esta venta.
Venta a Pontegadea
¿Cuál es la historia del rascacielos? En 2016, Amancio Ortega, fundador de Inditex, a través de su compañía inmobiliaria Pontegadea, adquirió la Torre Cepsa por casi 500 millones de euros.
Poco antes, el jeque había ejecutado la opción de compra que tenía su sociedad Muscari sobre el edificio. Adquirió así el inmueble por 400 millones de euros y, acto seguido, lo revendió al fundador de Inditex por 490.

El expresidente de Cepsa, el jeque Khadem Al Qubaisi. EFE
Desde 2013, Bankia alquilaba el edificio a Cepsa, propiedad del fondo soberano de Abu Dhabi IPIC. El acuerdo ya contemplaba, desde su firma, la opción de compra sobre el edificio, que, en efecto, acabaría ejecutando en 2016, in extremis, Muscari, compañía del jeque.
El rascacielos, diseño del prestigioso arquitecto Norman Foster, fue propiedad de Bankia hasta esa fecha. Lo era desde 2007, cuando el banco se lo compró a Repsol por unos 815 millones de euros, mientras aún estaba en construcción y poco antes del estallido de la crisis económica de 2008.
La adquisición de la torre en 2016 por parte de Pontegadea —su actual dueño— supuso la mayor inversión inmobiliaria realizada hasta la fecha por la compañía de Ortega.
Blanqueo de capitales
Para Calama, las supuestas irregularidades cometidas por Al Qubaisi en esta operación de compraventa son constitutivas de un delito de blanqueo de capitales.
También serían constitutivos de un delito contra la Hacienda pública. "Las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, procedentes de los fondos con origen ilícito y objeto de blanqueo de capitales, no fueron sometidas a tributación efectiva en nuestro país", relata Calama.
En definitiva, señala el instructor, Al Qubaisi creó y utilizó sociedades instrumentales ad hoc para el blanqueo de capitales "obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país".

El jeque, en una imagen de archivo.
También eludió, de acuerdo con el auto, el pago de impuestos derivados "de la obtención de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos".
De esta manera, subraya el juez, "mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal"
"De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirigía la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo único fin es colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito", añade.
Decomiso autónomo
En su resolución, Calama describe la figura del decomiso autónomo, que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado, como ocurre en este procedimiento.

El edificio de oficinas Torre Cepsa de Madrid.
En este caso, el magistrado considera que el Ministerio Fiscal debe actuar con carácter inmediato y presentar una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a las sociedades Muscari, así como de los "importantes" inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid y también de otros bienes incautados por el Juzgado.
"No se puede permitir que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria, creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild, sean las destinatarias de tales bienes, pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Khadem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal. El señor Naser Almur Alzaabi no ha sido más que un testaferro de última hora para intentar que el señor Al Qubaisi pudiera eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio", añade el juez.
Para Calama, Al Qubaisi ha utilizado las mercantiles Muscari Property BV y Muscari Development BV como sociedades "meramente instrumentales al servicio del delito, razón por la cual no existen motivos o circunstancias que aconsejen levantar las medidas cautelares reales adoptadas, sino todo lo contrario, al haberse reforzado los indicios incriminatorios contra el referido investigado [el jeque emiratí]".
"Estamos así en presencia de un entramado societario constituido en torno a Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi, quien implementa, dirige y ordena una estructura de sociedades, con el objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con estos ilícitos capitales", añade.
Busca y captura nacional
El juez acuerda la busca y captura nacional de Al Qubaisi y del presunto testaferro Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi, toda vez que la colaboración de las autoridades judiciales de Emiratos Árabes "ha brillado por su ausencia", pese a haber hecho, dice, todo lo posible para recabar su colaboración. "Lo cierto es que nos hemos encontrado con un muro de silencio", reprocha el juez.
En cuanto a la emisión de órdenes europeas e internacionales de busca y captura, el magistrado señala que, con carácter previo, debe recabar informe de la Fiscalía.
En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda asimismo el sobreseimiento provisional de la causa para tres investigados y para las sociedades Muscari Property BV y Muscari Development BV, por cuanto ambas mercantiles carecen de la estructura interna necesaria compleja como para dotarlas de relevancia propia y porque fueron creadas de manera instrumental para la comisión de los delitos.