La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
El Gobierno reforzará el control de la eficiencia energética en las empresas y ampliará las auditorías obligatorias
Transición Ecológica también prepara ayudas al almacenamiento y a la flexibilidad de la demanda para evitar congestiones en las redes regionales.
Más información: Cobrar por ahorrar: las empresas podrán ganar hasta 91 millones por cada proyecto que ahorre energía y CO2
El Gobierno inicia los trámites para elevar las exigencias sobre la eficiencia energética en las empresas y ampliar las auditorías obligatorias.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha lanzado una consulta pública previa para recabar opiniones sobre la futura normativa que adaptará la legislación española a los nuevos requisitos europeos en esta materia.
La medida responde a la necesidad de transponer la Directiva (UE) 2023/1791, que introduce criterios más estrictos para la realización de auditorías energéticas y la implantación de sistemas de gestión de la energía, con el objetivo de reducir el consumo y las emisiones contaminantes de las empresas.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación del criterio para determinar qué empresas estarán obligadas a realizar auditorías. Hasta ahora, la obligación se basaba en el tamaño de la empresa, afectando a aquellas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros.
Sin embargo, la nueva directiva modifica este criterio por el del consumo energético, lo que amplía el número de compañías sujetas a estos controles.
En concreto, las empresas que superen un consumo medio anual de 10 terajulios (sumando todas las fuentes de energía) —es decir, 2,78 gigavatios hora (GWh)— deberán someterse a auditorías energéticas periódicas.
Aquellas cuyo consumo sea superior a 85 terajulios (23,61 GWh) estarán obligadas a implantar un sistema de gestión de la energía. Además, según se dispone en normativa comunitaria, la no realización de estas auditorías conllevará sanciones.
Criterios de auditoría
Para velar por la elevada calidad de las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía, en línea con las exigencias europeas, el Gobierno fijará unos criterios mínimos, transparentes y no discriminatorios para las auditorías energéticas.
Otro eje clave de la directiva que se pretende transponer es el impulso al mercado de los servicios energéticos, un sector que ofrece soluciones para mejorar la eficiencia y reducir el consumo en empresas y administraciones públicas.
Para garantizar su correcto desarrollo, la nueva regulación exige que los Estados miembros faciliten información sobre los contratos de servicios energéticos, los instrumentos financieros disponibles, los proveedores certificados y las metodologías de medición y verificación.
Asimismo, se fomentará la creación de etiquetas de calidad para los proveedores de servicios energéticos, alineadas con estándares europeos e internacionales, con el fin de asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de estos servicios.
Sistemas CAEs
Las nuevas exigencias llegan en un momento de expansión del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Se trata de créditos que certifican el ahorro de energía logrado por una empresa. Estos pueden ser comprados o vendidos en el mercado, permitiendo a las empresas cumplir con objetivos de eficiencia energética y generar ingresos.
El sector público también deberá reforzar su compromiso con la eficiencia energética. La normativa establece que los Estados miembros deberán promover el uso de contratos de rendimiento energético para la rehabilitación de grandes edificios públicos, combinándolos con otros servicios energéticos para optimizar su consumo y reducir su huella ambiental.
Para definir la mejor manera de aplicar estos cambios en la normativa española, el Gobierno ha abierto una consulta pública dirigida a empresas, organizaciones y ciudadanos. En particular, se busca recibir aportaciones sobre la modificación del Real Decreto 56/2016, que actualmente regula las auditorías energéticas en España. El periodo para presentar observaciones estará abierto desde el 10 hasta el 28 de marzo de 2025 a través del portal web del Miteco.
Ayudas regionales
Este lunes 10 de marzo, Transición Ecológica también ha abierto dos consultas públicas previas con el objetivo de lanzar ayudas para la flexibilidad de la demanda y el almacenamiento con Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) 21-27.
La primera de ellas, relativa a la flexibilidad de la demanda energética, busca equipar al consumidor y proveedor de flexibilidad, de equipos y soluciones que hagan posible una gestión eficiente de la flexibilidad y la demanda, pudiendo participar en el mercado energético.
![](["https:\/\/s1.elespanol.com\/2025\/02\/07\/invertia\/empresas\/energia\/922418780_252947281_320x180.png"])
En este sentido, se subvencionarán hardware distribuido, activos gestionables, infraestructuras de comunicaciones en industrias, tecnologías de comunicación entre los edificios y la red, además de costes de instalación e integración principalmente para industriales.
La segunda línea de ayudas que prepara el Gobierno, centrada en almacenamiento energético, subvencionará proyectos stand alone (que no requiere conexión a la red eléctrica para operar), proyectos de almacenamiento térmico, así como proyectos de almacenamiento hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, existentes o nuevas.
A través de estas ayudas, el Gobierno quiere impulsar iniciativas que impulsen un nuevo modelo de generación distribuida y evitar congestiones u otros retos a escala local para la gestión de las redes de distribución eléctrica.
