Choque 'nuclear' entre Bogas, Galán, Corredor y el Miteco: quién debe tomar la iniciativa y qué garantía de suministro hay

Mientras las dos principales compañías de electricidad del país, Iberdrola y Endesa, reiteraron el jueves públicamente sus deseos de "negociar" con el Gobierno, el Ejecutivo elude responsabilidades y repite el mismo mantra: "ninguna propietaria ha pedido nunca seguir con las centrales nucleares".

Lo cierto es que las eléctricas no han enviado una petición formal. De hecho, según aseguró el propio Bogas, "ni hemos enviado una carta al Ministerio de Transición Ecológica, ni creo que la vayamos a mandar". ¿El motivo? La disposición a seguir operando está condicionada a un cambio en las actuales condiciones fiscales. Y eso requiere un diálogo.

Bogas (Endesa) muestra su "deseo de discutir" una revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares

"Hoy día la nuclear soporta unas cargas fiscales muy elevadas. De los 64-65 euros por megavatio hora (MWh) de coste total, hay unas cargas fiscales de 17 euros y una tasa Enresa (para la gestión de los residuos) de 9 o 10 euros", explicó el CEO de Endesa en la presentación de resultados anuales.

"Eso hace que su coste no sea competitivo cuando, si se eliminaran las cargas fiscales, sería una de las tecnologías más competitivas", estimó.

Una postura compartida por Iberdrola, quien ya aseguró hace meses que, si "se buscan soluciones" al "agobio económico" que sufren las centrales nucleares, los operadores propietarios de estas plantas están dispuestos a "sentarse a la mesa" y seguir operando.

El cierre nuclear fue un pacto firmado en 2019 entre la empresa pública Enresa, responsable de la gestión de los residuos radiactivos, y las propietarias. "Enresa fue mediador en un contexto extraordinariamente complejo, en el que había visiones muy distintas entre las propias empresas y había una que entregaba las llaves de la central para cerrarla", aseguraba Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica, en una reciente entrevista en El País.

Para Aagesen, lo que ocurría en 2019 "es que se estaba apostando por cerrar centrales nucleares prácticamente en ese momento, incluso antes de que cumplieran sus 40 años de vida útil", de modo que "el desacuerdo era entre ellas", insistía.

Galán (Iberdrola) señala que el Gobierno y las eléctricas deben analizar el cierre nuclear: "Son absolutamente necesarias"

Sin embargo, tal y como remarcaron este jueves Bogas y Galán, las circunstancias son muy distintas a las de 2019. "La Comisión Europea ha clasificado la energía nuclear como "verde" y la Agencia Internacional de Energía ha señalado la necesidad de duplicar la capacidad nuclear existente para alcanzar la descarbonización", recordó el CEO de Endesa este jueves.

Además, "vemos cómo varios países están revaluando sus posiciones: Bélgica ha optado por extender la vida útil de sus plantas nucleares e Italia está apostando por los pequeños reactores modulares (SMR)", apuntó.

En el caso de Alemania, aunque ha logrado una alta producción de energía renovable, su dependencia de estas fuentes ha afectado el suministro, lo que ha llevado a una generación sin emisiones de CO2 del 60%, cuando con energía nuclear habría sido del 90%.

"Esta situación ha incrementado los precios de la energía y está afectando su competitividad, los precios y el PIB", dijo.

En palabras de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear (patronal que representa a las empresas propietarias), "no sé si hay que mandar un telegrama o una carta escrita a pluma, lo único que escuché fue al consejero delegado de Iberdrola España decir que había que abrir un diálogo. Está claro que sí queremos diálogo, que no me cuenten historias", aseguraba hace unos días.

Por todo esto, el consejero delegado de Endesa y el presidente de Iberdrola se mostraron rotundos: "Es el momento de abrir un debate sobre los pros y los contras de las fechas que actualmente están establecidas en el PNIEC".

Los riesgos de suministro

Al cruce de opiniones sobre el proceder de las negociaciones se sumaron las discrepancias sobre las garantías de suministro de cara a 2030.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, fue tajante con esto en la presentación de los resultados anuales del operador y, nuevamente, este jueves a través de Linkedin: "Los estudios de Red Eléctrica certifican la seguridad del suministro eléctrico en el corto, medio y largo plazo con la estructura de generación que define el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), en el que se establecen las medidas adecuadas para garantizar que la cobertura de la demanda se encuentra asegurada".

Y precisamente por su garantía ligada a este plan llegaron los cuestionamientos. "En nuestra opinión se está produciendo retraso en las hipótesis del PNIEC, en lo que ocupa al almacenamiento y las baterías, que son necesarias para estabilizar el sistema y para la seguridad de suministro", defendió José Bogas. Esto "podría llevar a algún tipo de problema en 2030-2035 si continuamos con el cierre de las nucleares", alertó.

Actualmente, el sistema eléctrico español depende en gran parte de las centrales nucleares: aportan el 20% del suministro y dan respaldo a las renovables (cuya producción depende del sol y el viento). Sin embargo, a medida que las nucleares se cierran, se necesita almacenamiento para garantizar el suministro cuando las renovables no generan energía.

En opinión de Ignacio Galán, "estas centrales son absolutamente necesarias para mantener la estabilidad y para mantener las luces encendidas". "Ya lo hemos visto en países que han tenido problemas de apagones como consecuencia de la inestabilidad del sistema, y la estabilidad se está viendo muy afectada, fundamentalmente por la volatilidad de la economía", apuntó el presidente de Iberdrola.

Bogas advirtió que las centrales de bombeo "difícilmente estarán disponibles en 2030", pues tardan muchos años en construirse. Además, "las baterías aún tienen una duración de solo 4 horas y dos ciclos diarios", es decir, "ayudan a reducir los excedentes de energía, pero no garantizan plenamente el suministro".

Además, el consejero delegado de Endesa manifestó su temor a que en los próximos años se produzca un incremento de la demanda eléctrica mayor de lo previsto. "Aquí el cierre de las centrales catalanas (Ascó y Vandellós) traería el mayor problema, pues la comunidad autónoma no está alcanzando la capacidad renovable necesaria ni está logrando desplegar la infraestructura que hace falta". 

Cuando llegue el momento de iniciar el cierre en 2027, comenzando con Almaraz I, Red Eléctrica deberá elaborar un informe solicitado por el Gobierno para evaluar la situación en ese instante. 

No obstante, la compañía ha incluido por primera vez dentro de su informe de riesgos, tal y como adelantó El Confidencial, el riesgo de "pérdida de prestaciones de generación firme asociada al cierre de centrales de generación convencional (carbón, ciclo combinado, nuclear)".