La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha revelado que el impuesto por la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales bajará de 1.240 millones extra que se iba a recaudar a 933 millones, de los 11,14 euros/MWh iniciales a los 10,36 euros/MWh a partir de julio de 2024.

"El impuesto al combustible nuclear gastado son 5 euros/MWh, que da para pagar los 2,4 euros/MWh que necesita actualmente Enresa y aun así sobrarían 2,6 euros/MWh para futuras desviaciones... así que la tasa no debería subir", señalan fuentes cercanas al sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia. 

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La Ley 15/2012 fue creada, entre otras cosas, para cubrir posibles incrementos no previstos en los costes de la gestión de desmantelamiento de nucleares. Para la consultora, PwC, una solución posible pasa por no aumentar la carga fiscal de esta tecnología, de forma que Enresa pueda cubrir estas subidas anunciadas con la recaudación por esta Ley.

Mediante esta norma las centrales pagan una tasa por la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos que supone unos 5 euros/MWh y por la que hasta 2023 se ha recaudado en ese concepto más de 3.000 millones de euros. Una cantidad que hubiese sido suficiente para cubrir el extracoste de 2.000 millones de euros, si dicha recaudación se hubiese guardado en un fondo para desviaciones de Enresa, explican desde la consultora.

"Los propietarios de las centrales nucleares ya están pagando un impuesto para desviaciones de costes de Enresa (impuesto al combustible nuclear gastado)", continúan las fuentes del sector eléctrico.

Esta subida, (del 40% o del 30%) "supone trasladar a los propietarios de las nucleares las desviaciones que se producen por inflación o por decisiones políticas, como es pasar de un almacén centralizado a siete almacenes descentralizados".

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"Esto ha supuesto un extracoste de 2.000 millones de euros que no es imputable a los propietarios de las centrales nucleares, sino derivado de una decisión política", confirma a este diario la consultora PwC.

Gestión de residuos

El pasado 27 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) donde se especificaron "las dificultades" para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto en el 6° PGRR y que iba a ubicarse en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Ese fue el motivo por el que se aprobó la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las instalaciones atómicas y la construcción posterior de un Almacén Geológico Profundo (AGP), lo que incrementa el coste de la financiación de la gestión de los residuos. 

Con esta decisión, al aumentar el número de emplazamientos que deben contar con las medidas de seguridad y mantenimiento de los residuos allí almacenados, el plan calculó unos mayores costes futuros, alcanzando los 20.220 millones de euros a sufragar.

Además, el Ejecutivo añadió en el informe que los cálculos de financiación también han variado por la inflación real de los años 2021 a 2023, "claramente superiores" a los que se calcularon en 2019.

Más de 3.000 millones

"Los planes del Gobierno de desmantelar definitivamente el parque nuclear de aquí al año 2035 corren el riesgo de desbaratarse por este aumento de impuestos, ya sea el 30% o el 40% más, porque amenaza la supervivencia inmediata de las siete centrales operativas", añadían las mismas fuentes.

Si se tiene en cuenta lo que se ha recaudado con "el impuesto nuclear para imprevistos, que suma 3.000 millones, es justo la cantidad que se necesita para cubrir los sobrecostes del apagón de las centrales", aseguraban. 

Con la subida de la tasa, tanto del 30% o del 40%, supone unos ingresos para Enresa de más o menos de 1.000 millones adicionales, 4.063 millones en el primer caso o 4.369 millones en el segundo.

Si se destina a Enresa una parte de la recaudación futura del impuesto de la Ley 15/2012, no sería necesario incrementar la tasa a las centrales tal y como se propone con la propuesta de RD, concluyen desde PwC. Del mismo modo, si la recaudación sobrante del impuesto de esta misma ley se guardase en un fondo, se cubrirían posibles desajustes que Enresa pueda tener en el futuro.