Josu Jon Imaz, el CEO de Repsol, ha notado un cambio en la perspectiva respecto a posibles mejoras en la regulación y fiscalidad en España. Aunque anteriormente expresó preocupación por la posible extensión del impuesto especial del Gobierno sobre las energéticas, durante la presentación del nuevo plan estratégico de Repsol ante periodistas, Imaz se mostró más optimista.

Sobre la opción del Gobierno de prorrogar el impuesto especial, inicialmente establecido por dos años (2023-2024), el directivo recordó que la Comisión Europea aboga por poner fin a este impuesto, ya que va en contra de la seguridad de suministro y las inversiones que Europa debe realizar en la descarbonización.

Imaz también recordó la intención del Gobierno de modificar y suavizar el diseño de este gravamen, con el objetico de que las empresas inviertan en transición energética.

[Repsol invertirá hasta 19.000 millones en cuatro años con el foco en la Península Ibérica.]

"Quiero pensar que cuando la Comisión Europea y el Gobierno manifiestan estas posturas, con las que estoy totalmente de acuerdo, tienen una clara idea y determinación de que el impuesto va a ser modificado", dijo Imaz.

"Tenemos una batería de proyectos preparados y esperamos que haya unas condiciones de estabilidad fiscal y regulatoria claras, sin discriminaciones que nos impidan llevar a cabo estas inversiones", añadió.

Pese a las preocupaciones de Repsol en materia regulatoria, el nuevo plan estratégico de la compañía revela una inversión récord de entre 16.000 y 19.000 millones de euros en los próximos cuatro años, con el foco puesto en la Península Ibérica.

Repsol, que tiene cinco de sus siete complejos industriales en España, estima que la transformación para ser líderes en productos de bajas emisiones requerirá inversiones netas de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, dependiendo de la regulación y fiscalidad en el país.