La Comisión Europea ha dado luz verde formalmente este martes a la prórroga de la 'excepción ibérica' hasta el 31 de diciembre de 2023 (con algunos ajustes en los precios) con el fin de mantener bajo control la factura de la luz en España y Portugal. Bruselas argumenta que esta medida "seguirá sirviendo de mecanismo de protección" en caso de un nuevo aumento de los precios del gas. El Gobierno de Pedro Sánchez ya estaba aplicando de forma provisional los nuevos topes al gas desde principios de abril.

"Con los cambios aprobados hoy, España y Portugal podrán seguir manteniendo unos precios de la electricidad asequibles para los consumidores de la Península Ibérica", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

"La medida equilibra la necesidad de hacer frente a los elevados precios de la energía debidos a la invasión rusa de Ucrania con el deber de proteger la integridad del mercado único. Los nuevos límites de precios mensuales permitirán una salida más fácil del mecanismo, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores vulnerables", sostiene Vestager.

[El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de la 'excepción ibérica' hasta el 31 de diciembre]

La actual autorización del mecanismo ibérico por parte de la Comisión Europea se aprobó en junio de 2022 y caducaba el próximo 31 de mayo. Este mecanismo consiste en topar el precio del gas utilizado en la generación de electricidad, lo que se traduce en una rebaja inmediata del precio mayorista de la luz. La diferencia entre el precio de mercado y el precio topado se financia con un recargo en la factura.

En su versión original, el tope al gas aprobado por la Comisión era de 40 euros por megavatio hora (MWh) durante los seis primeros meses, pero con una subida de 5 euros al mes a partir de enero de 2023. España y Portugal habían pedido la extensión de este mecanismo hasta finales de 2024. Y querían volver a la casilla de salida fijando de nuevo un tope de precio lo más bajo posible, de entre 45 y 50 euros MWh.

El Ejecutivo comunitario ha limitado la prórroga a sólo siete meses, con el argumento de que el marco temporal para facilitar las ayudas públicas como resupuesta al impacto de la guerra en Ucrania caduca en diciembre de 2023.

En cuanto al precio, Bruselas no ha aceptado rebajar el tope del gas, pero sí que aumente de forma más lenta: en lugar de que cada mes el tope al gas suba 5 euros, el incremento se limita a 1,1 euros por MWh, hasta alcanzar 65 euros MWh en diciembre. "La trayectoria del límite de precios se modificará para lograr una eliminación progresiva fluida y predecible, convergiendo con los precios de mercado del gas previstos para finales de 2023", ha dicho la Comisión en un comunicado.

En cuanto al coste de la prórroga de la 'excepción ibérica', Bruselas no ofrece ninguna cifra, ya que "dependerá en última instancia de si el mecanismo se activa hasta el final de 2023, es decir, de si el precio máximo será inferior a los precios del mercado del gas".

Tras un examen en profundidad, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la prórroga y las modificaciones se ajustan a las normas sobre ayudas estatales de la UE. En particular, la medida se justifica por "las circunstancias particulares del mercado mayorista de la electricidad en la Península Ibérica", caracterizado por la limitada capacidad de interconexión, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas y la gran influencia del gas en la fijación de precios.

Por este motivo, la prórroga es "adecuada, necesaria y proporcionada". "La medida sigue siendo temporal y se limita al mínimo necesario para hacer frente a la grave perturbación de la economía a la que se enfrentan España y Portugal, ofreciendo una salvaguardia contra los aumentos repentinos de precios en el mercado ibérico de la electricidad, en el contexto de la actual situación geopolítica volátil", señala Bruselas.

Finalmente, la 'excepción ibérica' "sigue reduciendo al mínimo los falseamientos de la competencia y evitando posibles repercusiones negativas en el funcionamiento de los mercados de la electricidad al contado y a plazo". "Además, en consonancia con las normas del mercado interior de la energía, la medida modificada no da lugar a ninguna restricción transfronteriza al comercio de electricidad ni a una discriminación entre consumidores ibéricos y no ibéricos", concluye la Comisión.