La guerra por los laudos de las renovables está de vuelta. El fondo de inversión Blasket Renewable Investments quiere que España acelere el pago de una emisión de deuda de unos 226 millones de euros con vencimiento en 2029. Para ello reclama la suspensión de pagos (default) de España en cuatro emisiones de bonos.

Esta reclamación se produce después de que el Gobierno y el fondo no llegaran a un acuerdo por cerca de 1.094 millones de euros en laudos arbitrales por los recortes ejecutados en el pasado a las primas por las energías renovables que reclama Blaskett. 

La estrategia del fondo de inversión ha sido revelada por Bloomberg. Consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, fuentes del Gobierno aseguran que "cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos, tendrá respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado".

[Bruselas cuestiona el laudo que obliga a España a pagar 101 millones a Antin por las renovables]

El argumento de Blaskett es el de que "la falta de pago de España ha desencadenado incumplimientos cruzados en el contrato de bonos que significan que el país está en incumplimiento técnico", recoge Bloomberg. 

Desde el Gobierno aseguran que el fondo busca resquicios legales para tratar de cobrar por los laudos. Añaden que la situación proviene de "un proceso largo" en el que España ha defendido sus intereses.

En concreto, esta reclamación tiene que ver con los laudos en inversiones renovables por las medidas adoptadas por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 que motivaron demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (institución perteneciente al Banco Mundial), fundamentalmente, basándose en el Tratado de la Energía. Anteriormente, el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya aplicó los primeros recortes a las primas.

España se apoya en que la base jurídica de las reclamaciones (de los fondos) dentro de la UE no es válida. ¿El motivo? El TJUE concluyó que los arbitrajes de inversiones dentro de la UE no son válidos, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea. Esto ha hecho que los interesados hayan optado por buscar arbitrajes en otros países. 

Así, las fuentes consultadas, subrayan que la legalidad de los argumentos de España "ha quedado refrendada". "No obstante, como siempre ocurre con los laudos, hay otro tipo de intereses de quienes quieren sacar un beneficio", añaden.