El objetivo es que la reforma del PVPC o tarifa eléctrica regulada, a la que España se comprometió cuando se aprobó la "excepción ibérica", es que estuviera aprobada en este primer semestre del año, lo que va a cumplir con margen el Gobierno, porque se espera que podría estar para después de Semana Santa.

Se está pendiente de los últimos informes y que el proyecto de real decreto vaya a Consejo de Estado para que pueda aprobarse, posteriormente, en el Consejo de Ministros correspondiente.

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El proyecto que se conoce hasta ahora combina el modelo actual, basado en el mercado mayorista, con una tarifa fija a plazos, dependiente de los contratos a futuro de la electricidad.

"Es posible que ese cálculo de un mix de precios indexado dé como resultado una factura doméstica más cara de la que hemos tenido de media en los últimos años, porque se incorporan productos de cobertura. Pero a la larga, al acabar con la volatilidad, saldrá más barata", explican fuentes conocedoras a este diario.

Influye en el bono social

La reforma del PVPC, una tarifa que tienen que tener los beneficiarios de bono social eléctrico, es uno de los compromisos que España adquirió con la Comisión Europea (CE) para que se aprobara el tope al gas para generación eléctrica en el mercado, a fin de reducir la exposición a la volatilidad del mercado diario a los consumidores con esa tarifa. Tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero.

Por eso, los principales cambios que se verán sobre el documento que salió a consulta pública estarán relacionados con los plazos de entrada en vigor, pero por lo demás no se van a hacer muchos cambios tras las alegaciones recibidas.

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En cualquier caso, el objetivo del Gobierno no ha variado. Con el cálculo del precio de la electricidad, el Ejecutivo busca lograr estabilidad en los precios y seguridad para el consumidor.

Quiere hacer que la factura de los consumidores no fluctúe tanto de un mes a otro, especialmente si se vuelve a otro contexto de récords en los precios de la energía, como el ocurrido en 2022.

Proceso de adaptación

El Gobierno prevé que estos cambios en el PVPC se introduzcan de manera progresiva, iniciándose su aplicación este año y concluyendo en 2025. De esta forma, el porcentaje de la tarifa regulada de la luz irá aumentando de forma gradual.

Así, en 2023, el peso del mercado diario se espera que pueda ser del 75% frente al 25% de la cesta de contratos a plazo, mientras que pasaría a ser del 60% y del 40% respectivamente en 2024. Finalmente, en 2025, la proporción de los precios a futuro sería mayor que la del mercado diario de la electricidad, y pasará a representar un 55% del total.

Qué es el PVPC

El PVPC, introducido por la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y regulado en el Real Decreto 216/2014, es un precio dinámico totalmente indexado al mercado mayorista de la electricidad que incluye, de forma aditiva, el coste de producción de la energía eléctrica, los peajes de acceso y los cargos y costes de comercialización.

El PVPC sólo pueden ofrecerlo las comercializadoras de referencia (COR) designadas por el Gobierno. Excepto los primeros meses de 2022, el PVPC ha demostrado que ofrece el precio más bajo del mercado, por lo que compite con el mercado libre. Y más aún con la entrada en vigor de la 'excepción ibérica' que permitió a España unos precios eléctricos muy por debajo de sus países vecinos.

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Por su configuración, el PVPC es una de las opciones más competitivas para el suministro de electricidad, tal y como revelan los informes de supervisión del mercado minorista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), garantizándose en todo momento la rentabilidad de las COR.