Difíciles tiempos para llevar a buen puerto el largo proyecto de la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya entre España y Francia. Y más aún sabiendo que se ha disparado un 80% el coste inicial. Aún así, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que se finalizará y que "ese sobrecoste lo pagará el consumidor o el contribuyente". 

"Más allá del acuerdo entre los reguladores, no hay duda que se hará", ha dicho durante la rueda de prensa para hacer balance de los cuatro primeros meses de aplicación del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).

"Hay que respetar sus decisiones [la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), por el lado español, y al CREN (Comission de Régulation de l’Energie)], porque es verdad que las materias primas se han encarecido y ha habido retrasos en el suministro". 

[Arranca la tramitación para la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Vizcaya]

Con un presupuesto inicial de 1.750 millones de euros, la interconexión estaría compuesta por cuatro cables, dos por cada enlace, en corriente continua y con una capacidad de 2x1.000 MW.

El enlace España-Francia por el Golfo de Vizcaya es la primera interconexión eléctrica submarina con el país galo. Esta nueva infraestructura permitiría aumentar la capacidad de interconexión con Francia desde los 2.800 megavatios (MW) actuales a los 5.000 MW.

Un proyecto de REE

En 2021, Red Eléctrica de España (REE) presentó el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. 

La tramitación de esta infraestructura recogía las principales propuestas planteadas por los diferentes agentes institucionales y sociales del territorio durante el proceso de participación pública llevado a cabo en 2017-2018.

España asume el 43% del coste de la infraestructura, mientras que por el lado francés, se responsabilizaba del 27%, y el restante 30% corría a cargo de la Unión Europea, que lo había declarado en 2013 Proyecto de Interés Común o PIC. Sin embargo, Francia ahora pide revisar las condiciones, entre ellas, que sean los ciudadanos españoles los que asuma todo el sobrecoste.