El acuerdo estaba al alcance de la mano a nivel técnico, pero al final no ha sido posible culminarlo a nivel político, pese a una maratón negociadora de 9 horas. Los ministros de Energía de los Veintisiete han fracasado de nuevo este martes en su intento de pactar un tope máximo al precio del gas importado. Una medida que España, Italia o Polonia consideran imprescindible para rebajar la factura de la luz.

La penúltima oferta que la presidencia checa puso sobre la mesa consistía en situar este tope entre 200 y 220 euros por megavatio hora. Se trataba del típico compromiso bruselense: a medio camino entre los 275 euros que propuso originalmente Bruselas (cifra que indignó a España por considerarla inaplicable, pero que sí gustaba a Alemania); y los 160 euros que querían Italia, Polonia o Bélgica, los "talibanes" del tope al gas.

El fracaso de los ministros de Energía significa que el tope al gas sube ahora a un nivel político superior. Se convertirá en el plato fuerte de la tradicional cumbre de invierno de los jefes de Estado y de Gobierno que se celebra este jueves en Bruselas. Los Veintisiete se han fijado como plazo para llegar a un acuerdo el próximo lunes 19 de diciembre. 

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"Ha sido una reunion larga y difícil. Esperaba abrir una botella de champán para celebrar el acuerdo, pero aparentemente todavía tenemos que mantener las botellas en la nevera porque aún no están bastante frías", ha dicho el ministro de Industria checo, Josef Síkela, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

"Hay solo un tema abierto para el lunes, que es el nivel de precio que activa el mecanismo. Tenemos que garantizar que la situación de agosto no se repita. Creo que estamos casi allí, pero debemos demostrar que la unidad no es una palabra vacía", asegura Síkela.

Al final, la presidencia checa no ha conseguido lo que ella misma definía como la "cuadratura del círculo". Una solución de compromiso que contentara al mismo tiempo a dos bandos que siguen siendo irreconciliables. 

Por un lado, un grupo de 15 Estados miembros (liderado por España, Francia, Italia y Polonia) reclaman desde hace meses topar el precio del gas importado como receta imprescindible para rebajar de inmediato la factura de la luz sin coste presupuestario.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la reunión de este martes en Bruselas UE

En el extremo contrario, Alemania y Holanda sostienen que el tope al precio de gas provocará todo lo contrario de lo que pretende. A su juicio, el peligro más importante es la seguridad de suministro, ya que los productores de gas natural licuado (GNL) pueden desviar los buques metaneros a los países que paguen más, como China o los asiáticos. Los operadores subirán el precio para incorporar este riesgo.

"El punto más sensible de los que quedan abiertos es cuál es equilibrio adecuado entre la estabilidad de los mercados financieros y los precios que la industria y los consumidores europeos pueden pagar. Por tanto, cual es la señal de precio que se envía a los operadores de los mercados de gas natural", ha explicado la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Nosotros creemos que no debe haber un precio mínimo. Debe ser una referencia vinculada a la evolución de los precios medios de los mercados internacionales con una prima para garantizar que seguimos siendo atractivos para poder atraer gas a Europa", sostiene Ribera.

A su juicio, el tope que plantea la presidencia checa es "un precio elevadísimo, que los mercados podrían interpretar como el precio al que orientar la venta de gas en Europa con carácter general y de forma normalizada. Y a nosotros nos parece un error", ha señalado.

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En todo caso, tras muchas semanas de debates, lo que sí ha quedado claro es que si al final se aprueba un tope al gas, este instrumento sólo servirá para hacer frente a picos extraordinarios de precios, como los que se registraron en Europa en agosto de 2022, cuando el gas marcó un máximo histórico de casi 320 euros/MWh. 

Pero en ningún caso puede considerarse una solución estructural para rebajar la factura, como habían imaginado Italia, Polonia o España. De hecho, el gas se ha situado en los últimos días en alrededor de 130 euros de media.

El fracaso en el tope al gas significa además que España y sus aliados mantienen el bloqueo a otros dos reglamentos energéticos, que son de interés vital para Alemania y Holanda. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostiene que las tres normas deben aprobarse al mismo tiempo, una forma de mantener la presión sobre Berlín y La Haya.

España mantiene su veto

Se trata por un lado de la norma para facilitar las compras conjuntas de gas, cuyo objetivo es lograr que la UE tenga mayor poder de negociación en los mercados mundiales y evitar que los Estados miembros compitan entre sí. Una propuesta que planteó por primera vez España hace un año imitando el éxito de las vacunas contra la covid.

De acuerdo con este reglamento, la UE contrataría a un proveedor de servicios para calcular la demanda agregada y buscar ofertas en los mercados mundiales a fin de satisfacer la demanda total.

Los Estados miembros exigirán a las empresas nacionales que utilicen el proveedor de servicios para comprar volúmenes de gas equivalentes al 15 % de sus respectivas obligaciones de llenado de las instalaciones de almacenamiento de gas correspondientes a 2023 (alrededor de 13.500 millones de metros cúbicos para el conjunto de la UE). Por encima del 15%, la agregación será voluntaria, pero se basará en el mismo mecanismo.

Los Estados miembros han declarado explícitamente que el gas ruso quedará excluido de la compra conjunta.

Los ministros de Energía tampoco han aprobado el reglamento para acelerar la concesión de permisos a las plantas de renovables. Según esta norma, se presumirá que la planificación, construcción y explotación de centrales e instalaciones para la producción de energía renovable son de interés público superior. Esto permitirá que tales proyectos se beneficien de una evaluación simplificada de una serie de obligaciones medioambientales que se contemplan en las normas de la UE.