Imagen de archivo de las instalaciones de una empresa del sector de la industria electrointensiva.

Imagen de archivo de las instalaciones de una empresa del sector de la industria electrointensiva. Invertia

Energía

La gran industria, sorprendida con la Ley 'Maroto': podría chocar con las competencias de los gobiernos autonómicos

Se desconoce el texto del anteproyecto de Ley de Industria que aún tiene que pasar por el Consejo de Estado.

6 diciembre, 2022 03:18

"El Gobierno no ha compartido el borrador del anteproyecto de la Ley de Industria. Ni siquiera se sabía que tenían intención de aprobarlo esta semana". Así de sorprendidas se han mostrado fuentes de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española después de conocer que el Consejo de Ministros había dado luz verde a este texto, que todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado.

El objetivo de la nueva Ley de Industria es sustituir a una legislación que ya tiene 30 años (se aprobó en 1992) y que busca impulsar el proceso de reindustrialización del país, reforzando un sector que actualmente representa el 15,3% del PIB del país y el 10,9% del empleo, con unos 2,2 millones de puestos de trabajo.

"Hasta que no se conozca el texto no se puede valorar, pero la Ley de 1992 no aportaba mucho, porque hay que tener en cuenta que las competencias en materia industrial están todas transferidas a las autonomías", señalan fuentes de la Alianza a EL ESPAÑOL-Invertia. 

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"Ya veremos cuál es la postura de toman los grupos parlamentarios de regiones donde la industria representa una parte muy importante de su economía y además, son fuerzas políticas decisivas para el Gobierno central", añade.

Con la aprobación de la Constitución, la competencia industrial corresponde a la Comunidad Autónoma en exclusiva, "sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 

Reservas de Producción Industrial

Tampoco se ha explicado quiénes estarán en lo que se llama la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), uno de los puntos que se abordarán en la nueva ley. Las mismas fuentes industriales apuntan que la última reunión que mantuvo el sector con el Ministerio de Industria fue en septiembre pasado fue para conocer este nuevo catálgoo.

"Sin embargo, no se concreta nada, ni quiénes se incluyen en esta lista ni para qué", añaden. 

El Gobierno tiene la posibilidad de activar una "reserva de bienes estratégicos", tanto públicos como privados, para garantizar el suministro de materias primas básicas. Esta medida está contemplada en la Estrategia de Seguridad Nacional y podría considerarse a determinadas industrias como estratégicas.

Industria estratégica

Pero ¿qué requisitos se deben cumplir para ser estratégica? "Si le preguntas a una industria de alimentación si se considera estratégica, sin lugar a dudas te dirá que sí, al igual que una de automoción o incluso una distribuidora o un hotelero", continúan las mismas fuentes.

La Recapi incluye sectores estratégicos de la industria imprescindibles para el bienestar y seguridad de los ciudadanos, el funcionamiento de la industria y de la economía española. Con esta recolección se pretende que, en tiempos de crisis, haya una producción industrial garantizada que permita a las autoridades disponer de servicios esenciales, recursos energéticos, agua, alimentación, medicamentos o productos sanitarios.

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Con la Covid-19 y con la invasión rusa en Ucrania, los Gobiernos nacionales de la UE buscan proteger a sus grandes empresas e industrias, con lo que se conoce como un escudo antiopas, y seguir controlando el ingreso de capital extranjero de países comunitarios en compañías estratégicas de nuestro país.

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional busca garantizar el suministro de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico, que permitan autoabastecer a España bajo condiciones excepcionales.

Fondos europeos

Otra de las razones de por qué ahora el Gobierno se ha decidido a revisar la Ley de Industria es porque "Bruselas condiciona la ejecución de los fondos europeos para los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) a la aprobación de una serie de normativas, entre ellas esta Ley", explican otras fuentes del sector. 

La Comisión Europea (CE) puso como requisito para estas ayudad la puesta en marcha de un programa de reformas en España, que obligaba al Gobierno de coalición a aprobar una treintena de leyes en el tiempo que queda de legislatura. 

"Ahora solo queda saber si se necesita aprobar la Ley de Industria o solo es un paso más para conseguir las ayudas, sabiendo además que la ministra está saliente para presentarse como candidata a la Alcaldía de Madrid", concluyen las mismas fuentes. 

La Alianza por la Competitividad de la Industria española está integrada por siete asociaciones sectoriales (Anfac, AOP, Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen, Unesid, Primigea, Sernauto), cuyas empresas generan el 55% del Producto Industrial Bruto (PIB) del país y cuatro millones de empleos entre directos, indirectos e inducidos.