A lo largo de los últimos meses, España desayuna casi todos los días con titulares de récords históricos en el precio de la luz. El precio del gas en el mercado internacional está disparado y el CO2, en el europeo, también, pero los expertos opinan que hay margen para reducir la factura de la luz de las familias españolas.

El jueves superó los 140 euros/MWh, lo que encadenaba cuatro días seguidos de subida. Un 'rally' que parece no tener freno y que apunta a que seguirá así los próximos meses. 

"En España estamos centrados en el papel del pool mayorista, pero lo que de verdad importa es la factura que recibimos todos los meses en nuestras casas", explica a Invertia Joaquín Giráldez, experto en mercado eléctrico de la consultora Ingebau.

Y en esa factura, "el problema que tenemos, tanto los que están en la tarifa regulada (PVPC) como en el mercado libre, es que ambas tienen como referencia el mercado diario, por lo que nos influye mucho cualquier cambio". 

"Esto supone una gran diferencia con, por ejemplo, Francia. Allí el mercado diario tiene muy poca liquidez, sobre todo gracias al acuerdo ARENH entre las nucleares y el estado para poder conseguir la energía a un precio estable". 

Reducir impuestos

En este contexto, Giráldez no ve otra solución que "cambiar la fiscalidad energética". Y es posible porque ya ha dicho la comisaria europea del ramo, Kadri Simson, que "los Estados miembros son libres de determinar los tipos del impuesto especial por encima de los mínimos fijados, en función de sus propias necesidades nacionales".

En España se añade a la factura un impuesto especial sobre el consumo doméstico de electricidad. Es del 5,1127%, y se aplica tanto en el término de potencia como en el de consumo. Sería la primera propuesta para bajar el recibo de la luz.

Una segunda opción es bajar aún más el IVA, es decir, si hasta hace un par de meses se le aplicaba el 21% y hasta final de año se reduce al 10%, otros expertos proponen incluso rebajarlo hasta el 4%.

La tercera rebaja fiscal es sacar peajes fuera de la factura e introducirlos en los Presupuestos del Estado, que a su vez pueden ser costeados por la recaudación que el Gobierno está recibiendo por los elevados precios de los derechos de emisión de CO2. Un sobreingreso de alguna manera podría volver a los bolsillos de los consumidores. 

Modificar la tarifa regulada

Es la propuesta que ha puesto sobre la mesa el Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló en comparecencia en el Congreso, la posibilidad de cambiar el diseño del PVPC. 

Se estudia mejorarla mediante su indexación a una cesta de indicadores estables para reducir su exposición a la volatilidad de los precios del mercado mayorista, pero los expertos temen que provoque justo el efecto contrario, que se encarezca. 

"El PVPC sigue siendo la tarifa más barata del mercado, hasta un 20% más, por encima de los contratos fijos de cualquier comercializadora independiente o de las grandes eléctricas", explica Francisco Valverde, experto en el sector eléctrico y consultor en desarrollo del área de renovables de eficiencia energética del grupo Menta Energía.

El sistema marginalista

Otro de los debates que más polémica levantan es el actual modelo de mercado marginalista de fijación de precios, en el que todos los generadores que han conseguido vender su energía reciben un mismo precio: el de la última tecnología que haya entrado y por tanto, la más cara.  

"Es un sistema que tenía lógica en un modelo con centrales más convencionales, como las de carbón, pero que a medida que se van incorporando más renovables empieza a perder su sentido", explican a Invertia fuentes del sector eólico. 

Nucleares e hidroeléctricas

La sexta solución también está en manos del Congreso, pero es una cuestión que ha planeado sobre el sector en los últimos años. Según esta premisa, nucleares e hidroeléctricas se favorecen con lo que se conoce como "beneficios caídos del cielo" o "dividendos del CO2". Es el momento de hacer cuentas. Al menos es la tesis que defienden expertas como Natalia Fabra, catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Asegura que las centrales son retribuidas al precio de la tecnología más cara pese a que sus costes son muy inferiores a los precios de mercado, que generalmente las fijan las centrales de gas o carbón. 

Derechos de CO2

Una solución más. Con el precio del CO2 en niveles récord históricos, que superan los 60 euros/Tn y que empujan al alto precio eléctrico, el principal beneficiario es la Hacienda Pública.

De hecho, en 2020 se recaudó la jugosa cifra de 1.700 millones de euros, y la tonelada se movía en la horquilla de 20 a 30 euros. Se puede prever que en 2021 con cifras que doblan y triplican las del año anterior, los ingresos en las arcas públicas serán mucho mayores. ¿Por qué no devolver a los consumidores lo que han pagado de más por una electricidad que internaliza ese coste del CO2? 

Eliminar el PVPC

Hay más propuestas. Esta es la de las grandes eléctricas. Según su patronal, Aélec, habría que desvincular la tarifa regulada de la luz o PVPC de los precios del mercado mayorista eléctrico (pool) para evitar así la volatilidad de la factura de los hogares.

Además, señalan que la factura está más engordada de lo que debería porque la regulación energética hace recaer sobre ella impuestos, cargos y tasas que no dependen de su propio consumo.

Contratos a largo plazo

Por último, una alternativa que supone cambiar la mentalidad del consumidor eléctrico. "En Alemania, por ejemplo, está más extendido comprar electricidad a largo plazo, de hecho, se mueve cuatro veces más este mercado que en España, que está más acostumbrado a hacerlo diariamente", explica el experto de Ingebau.

Pero reconoce bajar el precio de la luz no es una tarea fácil y que "mientras se necesite gas natural para la transición energética en el mundo, esta situación de precios altos probablemente no se solucionará".