El fondo australiano IFM considera que la operación para entrar en el accionariado de Naturgy está "perfectamente alineada con sus principios y objetivos centrales como inversor a largo plazo".
El vicepresidente de IFM, Jaime Siles, ha destacado el papel de Naturgy como "gran energética global y diversificada, y estima que la transacción propuesta es "en el mejor interés de los accionistas" que deseen vender sus títulos, "puesto que pueden obtener un precio elevado" por ellos, así como "en el mejor interés" de la compañía, ya que su consejo de administración y su equipo gestor "se podrán beneficiar del apoyo y la experiencia de IFM en un momento en que Naturgy lidera el camino hacia la transición energética".
IFM Global Infrastructure Fund, asesorado por el gestor de fondos global australiano IFM Investors, ha anunciado una oferta pública voluntaria y parcial de adquisición (OPA) de hasta 220 millones de acciones de Naturgy Energy Group, que representan el 22,69% del capital social de la compañía, por un importe de 5.060 millones de euros, a razón de 23 euros por título.
IFM considera que dicho precio, que se pagará en efectivo, cumple las condiciones para ser considerado "precio equitativo", lo que se justificará mediante un informe de valoración de un experto independiente.
La efectividad de la oferta estará sujeta a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias, gubernamentales y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, 164.834.347 acciones, equivalentes al 17% del capital social de la energética presidida por Francisco Reynés.
La adquisición por parte de IFM de una participación en Naturgy como resultado de la oferta está sujeta a la autorización previa por parte del Consejo de Ministros.
Autorización del Gobierno
"Hemos conocido que el fondo australiano IFM ha informado a la CNMV a propósito de su voluntad de adquirir en torno al 23% de la empresa energética Naturgy", ha dicho la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ante las preguntas de la prensa tras el Consejo de Ministros. Y ha añadido que efectivamente esta operación requiere autorización del Gobierno.
"El Gobierno hizo un cambio legislativo en el marco de las empresas estratégicas con motivo de la pandemia al objeto de establecer una serie de últimas palabras", ha explicado. "Y que la compra de más de un 10% de la que consideramos empresas estratégicas tuviera autorización del Consejo de Ministros".
Y por eso, respecto a esta decisión, la ministra ha reiterado que "sigue en vigor y todavía no ha habido presentación de autorización ante el Ministerio de Industria, que es el receptor".
Ha señalado que "solo sabemos lo que hemos conocido esta mañana. Por tanto, es prematuro hacer ninguna valoración. Cuando se presente se hará un análisis más detallado de las pretensiones y la posición del Gobierno en esta materia".
Escudo anti-opas
Este decreto establece un blindaje frente a eventuales opas hostiles procedentes de fuera de España (incluyendo a la Unión Europea). Las medidas excepcionales que se habían establecido en marzo de 2020 se volvieron a extender en noviembre del año pasado.
De esta manera, el Gobierno tiene la potestad de vetar la entrada un inversor foráneo y la posibilidad de que "pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española o, cuando como consecuencia de una operación societaria, acto o negocio jurídico, se tome el control del órgano de administración".
Asimismo, esta suerte de acción de oro también seguirá aplicándose cuando el inversor extranjero esté "controlado directa o indirectamente por el Gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país", así como cuando este haya invertido o participado "en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro" o bien tenga abierto en su contra "un procedimiento administrativo o judicial [...] por ejercer actividades delictivas o ilegales".