El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha presentado la delimitación definitiva de los convenios de transición en marcha, que amplía los territorios incluidos en los mismos, informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta actualización, fruto de las aportaciones recibidas en los procesos participativos desarrollados en cada zona y de una evaluación externa, no solo considera la afectación de los últimos cierres de las minas y las centrales al empleo, sino también a las rentas salariales y la acumulada tras décadas de paulatino cese de la actividad.

Junto a la zonificación, el Instituto, dependiente del gabinete dirigido por Teresa Ribera, prosigue con el desarrollo de los 13 convenios de transición justa en marcha en la actualidad. En los procesos de participación pública se han recabado más de 1.400 ideas, propuestas y proyectos presentados por más de 500 agentes sociales.

Como parte del Marco Estratégico de Energía y Clima aprobado por el Gobierno de España en 2019, la Estrategia de Transición Justa tiene como objetivo que la evolución hacia una economía más ecológica y baja en carbono no deje atrás a las personas y los territorios más afectados.

Con este fin se puso en marcha el Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021, iniciativa con la que dar respuesta al cierre de explotaciones mineras minas a 31 de diciembre de 2018, así como de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares.

Fruto de este son los Convenios de Transición Justa que se aplicarán en aquellas zonas en los que los cierres puedan tener un alto impacto en términos de empleo y actividad económica.

Así, y para detectar los proyectos y propuestas susceptibles de formar parte de estos convenios, a lo largo de los últimos meses se han puesto en marcha distintos procesos de participación pública en cada uno de las zonas afectadas. A estos fueron convocados administraciones públicas (autonómicas y locales), empresas y organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, Grupos de Acción Local y demás entidades interesadas o afectadas.

Desde que a finales de 2019 se pusiera en marcha el primer proceso de participación pública en Asturias, se han desarrollado 13 en total. Abarcan territorios de Andalucía (Carboneras en Almería y Puente Nuevo en Córdoba), Aragón (Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón en Teruel), Asturias (Suroccidente, Valle del Nalón y Valle del Caudal), Castilla y León (Velilla-Guardo en Palencia y en León los de Montaña Central Leonesa-La Robla y Bierzo-Laciana. Este está a su vez, dividido en cuatro por su amplia extensión geográfica) y Galicia (Meirama en A Coruña).

En total, más de 500 agentes han presentado más de 1.400 ideas, propuestas y proyectos, que incluyen elementos de todo tipo y nivel de desarrollo, desde ideas o proyectos en fase inicial a medidas transversales.

En este momento se están evaluando las necesidades de los proyectos más maduros e implementables en el corto plazo, para determinar cómo acompañarlos en su materialización e identificar instrumentos de apoyo y financiación, como podrían ser convocatorias propias del ITJ o de otras instituciones que prioricen a las zonas de transición justa.

En todos los casos han participado la inmensa mayoría de los ayuntamientos de cada zona, sindicatos representativos y empresas, desde pymes hasta grandes compañías.

Delimitaciones definitivas

Tal y como se informó al inicio de los procesos de participación pública, los diagnósticos y la delimitación de los convenios estaba sujeta a cambios derivados del proceso de consulta pública. Por este motivo se procedió a encargar un estudio de evaluación y revisión de su metodología que ha traído consigo en una actualización de los criterios objetivos empleados con el fin de consolidar su rigurosidad.

Fruto de las aportaciones a través de la consulta pública y la evaluación externa, la rezonificación definitiva no solo considera la afectación de los últimos cierres de las minas y las centrales al empleo, sino también a las rentas salariales y la acumulada tras décadas de paulatino cese de la actividad.

Con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón -y junto con la FEMP- el Instituto para la Transición Justa está realizando un seguimiento continuo de este proceso, tal y como marcan los protocolos de actuación firmados los pasados meses de marzo y mayo. Con las regiones de Andalucía, Castilla y León y Galicia se espera firmar estos protocolos en las próximas semanas.

En próximas fechas está previsto también que se inicien los procesos de participación pública los Convenios de Transición Justa correspondientes a los municipios nucleares de Garoña (Burgos) y Zorita (Guadalajara).