El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de la cadena alimentaria que continúa la reforma ya iniciada en febrero con el Real Decreto-ley 5/2020 para apaciguar los ánimos en el campo y que, entre otras medidas, prohibió la venta a pérdidas. En este caso, la segunda parte viene a transponer al derecho español de la Directiva comunitaria 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario y ampliar algunas de las coberturas para paliar los “desequilibrios” de la cadena.

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Aunque el sector agroalimentario “crece” fruto del impacto de la Covid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura que este proyecto de ley pretende corregir “desequilibrios” y por ello se marca tres objetivos: más transparencia en la cadena y en los precios, equilibrio en todos los eslabones y proteger al eslabón más débil, es decir, a agricultores y ganaderos.

Con este proyecto de ley se amplía los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones, así como el ámbito espacial al conjunto de la UE. Así, según Planas, un exportador español de frutas podrá ser protegido por la directiva en sus transacciones con cualquier país comunitario.

También aumenta el número de situaciones consideradas en la lista negra de actuaciones prohibidas por ser prácticas desleales (algo ya avanzado en junio). La modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso) son algunos ejemplos.

Se incorporan nuevas infracciones o se recalifican otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Entre ellas, cabe señalar la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave). Exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado que pasa de leve a grave.

Con respecto a los costes de referencia, “pueden ser establecidos por organismos públicos y privados. Son referencias, pero es entre vendedor y comprador donde se establece ese precio”, señala.

Por otro lado, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. En este sentido, Planas ha recordado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluye un incremento del 32% de la dotación presupuestaria de este organismo. 

Asimismo, el ministro ha avanzado la intención de llevar al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2021 un proyecto de ley para evitar el desperdicio alimentario

Primera reforma

En febrero, el Consejo de Ministros aprobó la primera reforma de Ley de la Cadena Alimentaria. Ya entonces de modificó cuatro puntos incluyendo los costes de producción de los contratos suscritos con agricultores y ganaderos con la industria.

Entre otras cuestiones, las asociaciones agrarias exigían el fin de la polémica venta a pérdidas, es decir, aquella que se realiza por debajo del precio del coste de producción de un producto. A pesar de estar limitada y controlada en varias normativas, entre 2014 y 2019, la AICA, recibió un total de 53 denuncias por la venta a pérdidas realizada por estas superficies.

Asi, dentro de esta primera reforma se incluyó la desaparición de la venta a pérdidas y las promociones comerciales que se oferten de forma engañosa; así como la inclusión de los contratos inscritos serán objeto de publicidad.

PIB agrario

Para el ministro, el proyecto de ley es un paso adelante para un sector, el agroalimentario, altamente competitivo y que ha hecho un trabajo excelente en los últimos siete meses para abastecer de alimentos a la población española y mantener el pulso exportador.

Planas ha indicado que el sector agrario ha sido el único en el que el PIB ha crecido en los últimos 12 meses (6,9 %). En este periodo, por otra parte, las exportaciones han aumentado un 5,5 % y han alcanzado los 54.600 millones de euros, lo que ha dejado un saldo positivo en la balanza comercial agroalimentaria de 16.900 millones de euros.

Por otro lado, en el mes de septiembre la inscripción de maquinaria agrícola nueva ha crecido un 20 %, hasta alcanzar las 3199 unidades.