Valencia, Córdoba o Málaga han acogido en los últimos días protestas de los agricultores y ganaderos por la falta de precios justos y la crisis de rentabilidad, mientras reivindican medidas como poner fin a la venta a pérdidas. Concentraciones que no cesarán y más tras el malestar entre las organizaciones agrarias UPA, COAG o Asaja con el Gobierno por desconvocar la reunión con los sindicatos para tratar la situación de los trabajadores del campo.

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¿Qué es la venta a pérdidas? Aquella que se realiza por debajo del precio del coste de producción de un producto. Una práctica que, según los agricultores, es muy habitual entre las grandes superficies y que afecta sobre todo al aceite, los cítricos y los lácteos. Así que acabar con esta práctica es una de la principales reivindicaciones de los sindicatos agrarios. 

Aunque no hay nada seguro, parece que el campo ha logrado ya una pequeña victoria en su lucha porque el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya ha avanzado que modificará la polémica práctica. Una solución que convence más a los agricultores que a las grandes superficies y que no está claro que vaya a poder salir adelante.

Las cadenas venden a pérdidas

De hecho, UPA acaba de denunciar a Carrefour por la venta de fresas al precio al que la producen los agricultores, sin cargar ningún margen de beneficio para la compañía sobre el producto. Es decir, que el sindicato agrario acusa a la cadena de supermercados de “regalar el producto” justo días después de que el Gobierno se reuniera con representantes de la empresa gala para buscar una solución a las protestas del campo.

Cadenas de supermercados como Lidl y Dia son las que más potencian estas prácticas; aunque siempre lo hayan negado. Recientemente, la campaña de precio bajísimos de Lidl fue denunciada por UPA, precisamente por tirar los precios.

Los sindicatos ponen de ejemplo que las naranjas se venden a 1,60 euros en el supermercado, mientras que en origen se hace a 0,25 euros. Y, en algunos casos, cadenas como Lidl han bajado estos precios hasta los 0,5 euros, según denuncian fuentes sindicales. Por su parte, las grandes distribuidoras niegan realizar estas prácticas. 

Algo que contradice la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que recibió entre 2014 y 2019 un total de 53 denuncias por la venta a pérdidas realizada por estas superficies. 

Esta guerra también implica también a intermediarios como la empresa pública Mercasa, dependiente del Ministerio de Agricultura y que agrupa a 3.100 empresas mayoristas que comercializan más del 50% de los productos frescos que se venden en España. Esta empresa participa en la elaboración de precios de venta al público y, por tanto, controla parte de la cadena alimentaria.

Regulación de la venta a pérdidas

En nuestro territorio la venta a pérdidas está prohibida en determinados supuestos. Así lo recoge la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley de Comercio Minorista. La intención del Gobierno es poner coto y reformar la Ley de la Cadena Alimentaria en el marco de la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. 

Ya en 2018, en los famosos viernes sociales, se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley que modifica el artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba esta práctica.

Así, se considera venta a pérdidas cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento; al tener por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno; si forma parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor y cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio.

Conceptos ambiguos y confusos que no gustaron ni tan siquiera a las organizaciones agrarias. Un entramado legal en el que “el Gobierno no tiene claro” como afrontar el problema, según fuentes del sector, quienes añaden quela regulación actual de la Ley de Comercio se puede mejorar. Pero técnicamente es muy complicado porque exige cumplir con la normativa europea que no es igual que la española”.

Continúan las protestas

Desde el campo ven con buenos ojos regular estas prácticas, aunque con matices. “Controlar la venta a pérdidas es la solución siempre y cuando se controle en todos los eslabones, no solo en el último”, explica el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. Además, “se trata de una solución a medio plazo y es una gran ayuda, pero no garantiza que solucione el problema”, lamentan.

Precisamente ése es el motivo por el que las organizaciones del campo seguirán protestando y sacando los tractores a la calle con un calendario de manifestaciones que se extiende hasta el 27 de febrero en Huelva.

Las reclamaciones de los agricultores van mucho más allá de controlar la venta a pérdidas. Ramos exige “medidas fiscales, reducir las tarifas eléctricas en los negocios de regadío y ofrecer un IVA compensatorio”.

Todas estas propuestas fueron enviadas el pasado jueves al Gobierno, con quien seguirán manteniendo reuniones en las próximas semanas a pesar del último desencuentro que han tenido con el Ejecutivo en el que las patronales abandonaron, junto a los sindicatos, la reunión sobre la situación laboral en el campo ante la "falta de educación" de los representantes públicos.