Abengoa ya es un asunto de Estado. Tras declarar el segundo mayor concurso de acreedores de la historia de España, con una deuda de 6.000 millones de euros, y dejar 14.000 empleos en el aire, su futuro pasa necesariamente por una fuerte implicación del Gobierno central para buscar una solución que evite su quiebra y disolución.

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Las fuentes consultadas por Invertia confirman que la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez es total y que esto incluye participar activamente en su nueva etapa como empresa concursada, facilitando un clima de entendimiento, buscar una nueva refinanciación y el ordenar la compañía para que pueda seguir en funcionamiento.

La idea es poder mediar entre la empresa, el nuevo administrador concursal, diferentes instituciones públicas y la banca acreedora para llegar a un nuevo acuerdo. Incluso está sobre la mesa la posibilidad de facilitar la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Abengoa.

No obstante, antes de poner en marcha cualquier resorte, el Gobierno quiere que primero se defina el futuro de la gestión de la compañía y tener de interlocutor a un equipo directivo que tenga asegurada su continuidad en el medio y largo plazo. 

Abengoa definirá estas cuestiones en la Junta de Accionistas del próximo 4 de marzo donde la propuesta de los accionistas minoritarios es destituir al presidente Juan Pablo López-Bravo y a la consejera Margarida Smith.

Clemente Fernández

La idea es tener mayoría en el nuevo consejo para nombrar como nuevo gestor a Clemente Fernández. Fernández lleva meses articulando una propuesta alternativa al plan que el lunes fue defenestrado por la banca acreedora.

Los minoritarios o rebeldes dicen tener todos los votos necesarios para tomar el mando de la compañía, pero temen un movimiento de última hora del actual equipo directivo para mantenerse en el poder.

A su favor de los rebeldes también juega la reciente investigación que ha incoado la CNMV contra consejeros de Abengoa por no presentar las cuentas de 2019. Estos directivos se exponen a una multa de hasta 300.000 euros.

Si los minoritarios triunfan, la idea del equipo de Clemente Fernández es trabajar en sintonía con el Gobierno y el futuro administrador concursal -que debería llegar a la compañía en el plazo de un mes- para negociar un nuevo rescate.

Para ello, Fernández considera que es prioritario reactivar las ayudas públicas y solicitar un rescate a la SEPI. La idea original era pedir créditos ICO y avales CESCE, pero las empresas acogidas a concursos de acreedores no pueden optar a estas fórmulas de financiación.

Nuevo plan de rescate

Los minoritarios consideran que serían necesarios unos 250 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia para las Empresas Estratégicas. Y el Gobierno ya lo sabe porque en las últimas horas se han producido contactos informales. El Ejecutivo no ve con malos ojos facilitar la concesión de un montante de estas características.

Abengoa es, sin duda, una empresa estratégica y su cartera de proyectos se ha visto duramente afectada por la Covid, por lo que no seria difícil justificar un rescate. A favor de este proyecto juega también la excelente relación de Fernández con la SEPI, donde es visto como un gestor serio con el que se puede colaborar en buscar soluciones.

¿Y la deuda? El proyecto de Clemente Fernández pasa por acordar con el administrador concursal la solicitud de una quita del 90% de los 6.000 millones de euros, esto es reducir la deuda a unos 600 millones.

En este punto, las fuentes de mercado consultadas por este diario indican que ante la cesación de pagos por una eventual quiebra y cobrar un 10% de la deuda, los bancos podrían decantarse por esta segunda alternativa.

Frente a la posibilidad de que el administrador concursal decida vender activos para pagar la deuda de 6.000 millones, los minoritarios pedirán ayuda al Gobierno y también a la Junta de Andalucía para que den su apoyo político a que Abengoa mantenga el empleo.

Bloqueo de los bancos

14.000 empleados en todo el mundo y 2.500 solo en España son el mejor argumento de los minoritarios para bloquear la venta de activos estratégicos, una opinión que se comparte desde las administraciones.

La compañía anunció este lunes que no pudo conseguir los 20 millones de euros que en su día prometió la Junta de Andalucía ni una nueva prórroga para seguir intentando conseguirlos, la clave para cerrar la refinanciación acordada por la compañía con sus acreedores.

Esto generó que la banca acreedora anulara el proceso de reestructuración de su deuda y empujara a la compañía a declarar un nuevo concurso de acreedores.

Durante las últimas semanas, el Grupo ha estado negociando a varias bandas para obtener estos 20 millones, imprescindibles para cerrar el rescate. Incluso tras negociar con cinco fondos, Abengoa logró el compromiso de uno de ellos para inyectar 35 millones de euros. 

No obstante, el ICO bloqueó el rescate porque prefiere esperar a firmar el salvamento hasta que se celebrara la junta promovida por varios minoritarios, programada para el 4 de marzo. En esta situación, Abengoa no logró un nuevo plazo para seguir aplazando la aprobación del rescate ya pactado con la banca acreedora.

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