Las claves

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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que "existen indicios" para que el banco BBVA y su expresidente Francisco González sean juzgados por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo.

Así consta en sendas resoluciones judiciales, que desestiman los recursos presentados tanto por la entidad financiera como por el directivo.

La Fiscalía Anticorrupción apoya que la compañía y su expresidente se sienten en el banquillo de los acusados por la contratación de Villarejo para realizar distintos encargos, supuestamente ilegales, entre 2004 y 2016.

La Sala también ha tomado la misma decisión respecto a otros directivos y mandos policiales. Entre ellos, el exresponsable de Seguridad de BBVA, el que fue comisario de policía Julio Corrochano.

El antiguo instructor del caso Villarejo propuso que todos ellos fuesen juzgados por los hechos mencionados. El juez Manuel García-Castellón, de hecho, indicó que "no resulta creíble el desconocimiento alegado" por parte de la cúpula del banco sobre la contratación de Villarejo.

"Ni que resultase dificultoso para un sistema de cumplimiento normal la detección de lo sucedido", subrayó el magistrado.

Ahora, la Sala de lo Penal, el tribunal jerárquicamente superior, avala su tesis, que considera "no irrazonable".

Sin embargo, como reprocha la resolución relativa al BBVA, "la investigación interna sobre lo sucedido no se inició hasta el año 2018".

En esta pieza (la número 9) de las decenas que componen la macrocausa conocida como caso Villarejo, se investigó, entre otros extremos, el encargo encomendado al excomisario para espiar, supuestamente, al empresario Luis Del Rivero.

El objetivo habría sido el de frenar el intento por hacerse con el control del BBVA que Sacyr llevó a cabo entre diciembre de 2004 y febrero de 2005.

Ahora, la Sala avala la decisión del juez de enviar a juicio al banco, a su expresidente, a Corrochano y a otros investigados. Y relata que el sistema de prevención de delitos con el que contaba el banco "no era eficaz, al dejar al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección".

E, indiciariamente, fue el máximo directivo de la entidad, Francisco González, presidente de la misma hasta 2018, quien habría cometido "los delitos de cohecho y revelación de secretos, en beneficio del BBVA, investigados".

Para la Sala "no es irrazonable concluir, como hace el instructor, que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz, en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas".

Por eso, el tribunal se posiciona a favor de que se celebre un juicio. La Sala descarta entrar a analizar "cómo deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito".

Pero sí en la "indiciaria constatación de que los que había no eran eficaces".

En relación con Francisco González, el tribunal señala que alguno de los contratos investigados firmados entre BBVA y Cenyt —la empresa de Villarejo— fueron ordenados por el entonces presidente del banco.

Sobre él, la Sala subraya que "ya sabía quién era esta entidad y sus métodos" y cree que "no es irrazonable" concluir que por eso la eligió, tras no obtener resultados con otras agencias de investigación.

Fuentes jurídicas cercanas a FG —con estas siglas era conocido González— señalan a EL ESPAÑOL que el exdirectivo "asume la decisión de la Sala con tranquilidad, ya que en el juicio oral tendrá la oportunidad de esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia". 

Desde el BBVA insisten en que la entidad "seguirá actuando con total determinación y diligencia bajo el liderazgo del Consejo de Administración, cuyos miembros no tienen conexión alguna con el caso". 

Argumentan también que sus abogados siguen "defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad".